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Politica
El Instituto Nacional Electoral (INE) atraviesa una serie de cuestionamientos sobre el manejo de sus recursos, la contratación de proveedores y las decisiones administrativas de sus anteriores autoridades.
Este viernes 6 de noviembre, el Consejo General del INE aprobó por unanimidad solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una fiscalización emergente, además de auditorías externas para revisar la gestión administrativa del organismo durante los últimos años. La decisión busca revisar cómo se realizaron las compras, contrataciones, arrendamientos y prestación de servicios dentro del instituto, así como fortalecer los mecanismos de vigilancia para evitar posibles irregularidades en el uso de recursos públicos.
Entre las medidas aprobadas se encuentra la revisión del padrón de proveedores, es decir, el listado de empresas que han recibido contratos del INE; la conservación de documentos físicos y electrónicos relacionados con las contrataciones y la elaboración de un inventario de adquisiciones. También se contempla habilitar mecanismos para recibir información sobre posibles irregularidades.
Además, los consejeros acordaron dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) ante la posible comisión de delitos relacionados con la administración anterior, entre ellos enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, desvío de recursos públicos, abuso de funciones y uso indebido de atribuciones. Esto no significa que exista una sentencia o que los delitos estén comprobados, sino que se busca que las autoridades correspondientes revisen los hechos y determinen si existen responsabilidades.
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A estos acontecimientos se sumaron las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien este viernes afirmó que el INE “sí se tiene que sanear” y cuestionó el manejo de las contrataciones durante la gestión del exconsejero presidente Lorenzo Córdova.
La mandataria se refirió a los señalamientos sobre la concentración de contratos electorales en un grupo reducido de empresas relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas. De acuerdo con información presentada por el Gobierno federal, estas compañías habrían recibido contratos por aproximadamente 2,740 millones de pesos entre 2015 y 2025.
Sheinbaum cuestionó que durante la administración de Córdova se conociera la existencia de un grupo limitado de proveedores que concentraba contratos de organismos electorales estatales y que el propio INE también recurriera a esas empresas. La presidenta consideró que las autoridades anteriores debieron revisar esta situación y establecer mecanismos para evitar la concentración de las adquisiciones.
El señalamiento se relaciona con la forma en que se compran los materiales necesarios para organizar elecciones, como boletas, urnas, mamparas, chalecos y otros artículos utilizados durante las jornadas electorales. Cuando un número reducido de empresas concentra estos contratos, se vuelve necesario revisar si existió competencia suficiente, si los precios fueron adecuados y si los procedimientos se realizaron conforme a la ley.
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La presidenta sostuvo que las investigaciones deben continuar y que corresponde a las autoridades fiscalizadoras determinar si hubo irregularidades y quiénes serían responsables. También adelantó que su gobierno buscará fortalecer Talleres Gráficos de México para que tenga una mayor participación en la producción de materiales electorales.
En paralelo, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, que contempla reducir cinco mil millones de pesos a los recursos destinados al INE. Con este ajuste, el presupuesto del organismo pasaría de aproximadamente 42,274.5 millones a 37,274.5 millones de pesos. Los recursos retirados serían distribuidos entre dependencias como las secretarías de Educación Pública, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y Gobernación.
Las tres actualizaciones muestran que el organismo enfrenta una revisión desde distintos frentes: por un lado, sus propios consejeros buscan que se auditen las contrataciones y se fortalezcan los controles internos; por otro, el gobierno federal exige revisar las prácticas de administraciones anteriores, mientras que el Poder Legislativo analiza reducir los recursos que recibirá el instituto el próximo año.
El tema cobra especial relevancia porque México se prepara para las elecciones de 2027, en las que se renovarán distintos cargos de elección popular. Por ello, además de esclarecer las posibles irregularidades administrativas, uno de los principales retos del INE será garantizar que las revisiones y los ajustes presupuestales no afecten su capacidad para organizar los próximos comicios.