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Seguridad
Un ataque con cohetones, tres jóvenes lesionados y la suspensión de clases reavivaron las denuncias de inseguridad en las inmediaciones del CCH Vallejo. Estudiantes exigen frenar la violencia y garantizar un regreso seguro a las aulas.
Ir a la preparatoria debería ser una de las experiencias más importantes de la juventud, no una actividad que implique correr para protegerse de una agresión. Sin embargo, la violencia volvió a interrumpir la vida escolar del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Vallejo, de la UNAM, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.
La noche del 10 de noviembre, alrededor de las 19:20 horas, grupos de jóvenes encapuchados protagonizaron disturbios dentro y fuera de las instalaciones. Durante los hechos se lanzaron cohetones, se escucharon detonaciones y estudiantes y profesores vivieron momentos de incertidumbre.
La dirección del plantel informó que tres jóvenes resultaron lesionados en el exterior de las instalaciones y recibieron atención médica. Reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana identificaron a dos adolescentes de 16 y 17 años que fueron agredidos físicamente; uno requirió atención hospitalaria por lesiones en la cabeza.
Ante la presencia de grupos violentos, las autoridades universitarias activaron el protocolo de seguridad, cerraron los accesos y solicitaron apoyo de la policía capitalina, que desplegó patrullas sobre la avenida de los 100 Metros.
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A las 20:00 horas comenzó el desalojo preventivo de estudiantes, docentes y trabajadores.
La medida fue acompañada por la suspensión de clases presenciales los días 11, 12 y 13 de noviembre. Durante ese periodo, las actividades académicas continuaron a distancia, mientras que el regreso a las aulas quedó programado para este martes 17 de noviembre.
Los acontecimientos también provocaron cuestionamientos sobre la comunicación durante la emergencia. Testimonios de docentes recogidos por medios de comunicación señalaron que inicialmente se les pidió permanecer en los salones mientras se evaluaba la situación.
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Algunas versiones estudiantiles atribuyeron los disturbios a presuntos grupos porriles relacionados con el Colegio de Bachilleres Plantel 2. Sin embargo, hasta la información pública revisada, esa responsabilidad no había sido confirmada oficialmente.
El problema del porrismo no es nuevo en instituciones educativas de la capital. Se trata de agrupaciones vinculadas históricamente con prácticas de intimidación, enfrentamientos y violencia que pueden afectar tanto a estudiantes como a personas ajenas a los conflictos.
El antecedente más doloroso en la zona ocurrió en mayo de 2023, cuando Patzy Jimena Hernández Acevedo, estudiante de 17 años del Bachilleres 2, murió tras recibir el impacto de un artefacto pirotécnico en la cabeza.
Aunque no existen elementos para vincular directamente ambos episodios, su recuerdo vuelve a poner sobre la mesa el peligro de utilizar estos artefactos cerca de las escuelas.
Tras el ataque, estudiantes del CCH Vallejo convocaron a una movilización hacia Rectoría de la UNAM para el 13 de noviembre, con el propósito de exigir medidas contra los grupos violentos y mayor protección para la comunidad.
La preocupación no se limita a lo que sucede dentro de las instalaciones. Los accesos, las banquetas, las paradas del transporte público y las calles que recorren los alumnos también forman parte de su entorno escolar.
Por ello, la prevención requiere coordinación entre las autoridades universitarias y las instituciones de seguridad de la Ciudad de México.
Entre las medidas que podrían reforzarse están la vigilancia en horarios de entrada y salida, la atención inmediata a denuncias, la identificación de agresores y los mecanismos de comunicación con estudiantes y familiares.
La suspensión temporal de clases permitió reducir la exposición inmediata al riesgo, pero no resuelve las causas de la violencia. Ahora quedan preguntas pendientes: ¿quiénes participaron en las agresiones?, ¿qué avances existen en las investigaciones?, ¿cómo se protegerá a los alumnos en las inmediaciones del colegio?
El CCH Vallejo tenía previsto recuperar sus actividades presenciales el 17 de noviembre. La verdadera prueba para las autoridades será garantizar que la comunidad pueda estudiar y trasladarse sin temor a nuevos enfrentamientos. Porque el derecho a la educación también incluye algo elemental: poder llegar a la escuela y regresar a casa con seguridad.