Tras las rejas también hay derechos: SCJN da primer paso para combatir el hacinamiento en Neza-Bordo  

El Pleno de la Corte ordenó este 23 de septiembre a las autoridades penitenciarias tomar medidas inmediatas para enfrentar las condiciones de hacinamiento y sobrepoblación del centro. De acuerdo con la información emitida por la Estadística Penitenciaria Nacional, este lugar tiene capacidad de albergar a 1,834 PPL y en noviembre habría pasado a 5 mil 823 personas internas, es decir, una sobrepoblación de 217,5%. 

¿La sentencia significa que abrirán las puertas de las celdas?

No, y esa diferencia es fundamental. La resolución no ordena una liberación generalizada ni automática de personas sentenciadas. Lo que establece es que las autoridades deberán impulsar y revisar beneficios preliberacionales para quienes cumplan con los requisitos previstos por la legislación, además de adoptar otras medidas para reducir la saturación del penal. 

En un periodo de seis meses, la autoridad penitenciaria tendrá que desarrollar un plan de acción para atender el problema y rendir informes periódicos ante un juzgado federal, que dará seguimiento al cumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte.  

Esto coloca sobre la mesa distintas alternativas: determinar qué personas reúnen legalmente las condiciones para acceder a beneficios preliberacionales, analizar traslados a otros centros penitenciarios y evaluar medidas de infraestructura para combatir el hacinamiento.

Entonces, ¿es realmente un avance?

El alcance puede ser relevante, pero el resultado dependerá de su cumplimiento. La trascendencia jurídica no está únicamente en lo que suceda dentro de Neza-Bordo. 

Por unanimidad, el Pleno aprobó el proyecto del ministro Giovanni Figueroa Mejía y reconoció interés legítimo a la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública para cuestionar las condiciones del penal. Según lo reportado sobre la sentencia, este criterio abre la posibilidad de combatir judicialmente omisiones similares en otros centros penitenciarios del país. 

La prisión no suspende los derechos humanos y las condiciones en las que una persona cumple una sentencia también pueden quedar bajo escrutinio constitucional. Sin embargo, considerar la resolución un avance material requerirá algo más que una sentencia: habrá que observar si las autoridades reducen efectivamente la sobrepoblación, cómo aplican los beneficios previstos en la ley y qué ocurre con las condiciones de vida de quienes permanecen en el centro penitenciario.

Una Corte que vuelve la mirada hacia poblaciones históricamente vulneradas

La decisión de Neza-Bordo tampoco aparece aislada. Durante 2026, la SCJN ha emitido distintas resoluciones relacionadas con poblaciones que enfrentan barreras particulares para acceder a sus derechos, entre ellas pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

En agosto, por ejemplo, reconoció que las comunidades indígenas pueden intervenir como terceras interesadas en controversias constitucionales cuando una resolución pueda afectar sus derechos; también amplió la protección del derecho a la consulta previa. Un día después estableció medidas de protección relacionadas con el agua de comunidades indígenas mayas de Hopelchén, Campeche. 

Meses antes, la Corte había fortalecido el acceso a la justicia de un pueblo originario de la Ciudad de México y reconocido el sistema normativo de la comunidad rarámuri de Tehuerichi, Chihuahua. 

Neza-Bordo coloca ahora otra realidad frente a los ministros: la de miles de personas que viven detrás de los muros de un sistema penitenciario saturado.

La sentencia no borra el delito ni modifica por sí misma las condenas. Tampoco significa que miles de internos saldrán inmediatamente de prisión. Lo que sí establece es que cumplir una pena no implica hacerlo en cualquier condición.

La prueba de resolución se reflejará en si lo decidido en el Pleno consigue cruzar las puertas de la Corte y transformar lo que ocurre detrás de las rejas.