México rechaza procedimiento de la ONU por desapariciones forzadas 

El día de ayer, martes 20 de octubre, el gobierno de México reiteró su rechazo al procedimiento iniciado por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante el cual se remitió la situación del país a la Asamblea General para que sea examinada. Durante la presentación del informe anual del Comité ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, realizada en Nueva York, la representación mexicana defendió la actuación de las autoridades y cuestionó los argumentos que sustentan la decisión del organismo. El desacuerdo entre ambas partes se centra en si la situación de las desapariciones en México reúne las condiciones previstas en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas

El artículo 34 establece un mecanismo que permite al Comité llevar una situación ante la Asamblea General cuando existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se cometen de manera generalizada o sistemática en un Estado. El Comité anunció públicamente el inicio del procedimiento respecto de México el 4 de abril de 2025 y, en abril de 2026, decidió remitir el caso a la Asamblea General. El organismo sostiene que según los datos de la información recibida, esta muestra indicios de que las desapariciones forzadas se han cometido y continúan cometiéndose de forma generalizada o sistemática, por lo que considera necesaria la atención internacional y la cooperación para enfrentar la crisis. 

El 2 de abril de 2026, la ONU anunció que llevaría la crisis de desapariciones en México ante la Asamblea General. A raíz de la noticia las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores calificaron el informe del Comité como tendencioso y señalaron que, a su juicio, no tomó debidamente en cuenta la información y los avances institucionales presentados por México. Entre las medidas que el gobierno mexicano ha destacado se encuentran las reformas legales aprobadas en 2025 para fortalecer la búsqueda inmediata, el inicio de investigaciones y la coordinación entre instituciones. Además, el 16 de octubre de 2026, el gobierno informó ante organismos internacionales sobre los avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda y señaló que más de 16 mil personas habían sido localizadas durante ese año.

Por su parte, el Comité mantiene que la remisión del caso busca que la Asamblea General considere la situación y valore posibles medidas de cooperación internacional, asistencia técnica y apoyo para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación de los casos. La decisión no constituye una sentencia judicial contra México ni establece por sí misma una sanción; representa un paso dentro de un mecanismo internacional de derechos humanos.