Despojo de vivienda: Las 8 formas más comunes 

¡Que no te agarren desprevenido! El despojo de una vivienda no siempre ocurre mediante la entrada violenta de un grupo de personas a una propiedad. Las autoridades han identificado distintas modalidades, algunas de ellas relacionadas con fraudes, engaños, falsificación de documentos o abuso de la confianza de los propios propietarios.

cerraduras, colocan muebles o incluso instalan servicios como internet, para aparentar que tienen la posesión del inmueble.

2. Falsificación o utilización de documentos.
Alguien puede presentarse un día a la puerta de tu inmueble con contratos de compraventa, escrituras, poderes notariales u otros documentos para intentar acreditar derechos sobre una propiedad. También pueden hacerse de documentos auténticos obtenidos mediante engaño, para acreditar la propiedad ante alguna autoridad, lo que dificulta que el propietario detecte la operación hasta que el inmueble ya aparece comprometido.

3. Suplantación de identidad.
Esta modalidad puede comenzar con la obtención ilícita de documentos o información personal del propietario. Varios ciudadanos ya reportan llamadas fraudulentas donde alguien se hace pasar por un empleado del Registro Público de la Propiedad y solicita datos personales. Con esa identidad, los despojadores buscan realizar trámites, firmar contratos o efectuar actos jurídicos relacionados con el inmueble como si fueran sus legítimos dueños.

4. Simulación de actos jurídicos.
Consiste en aparentar legalmente una operación que en realidad no corresponde a la voluntad del propietario. Puede involucrar contratos, poderes, compraventas u otros actos que buscan generar una apariencia de legalidad sobre la posesión o transmisión de un inmueble. Esta modalidad fue incorporada expresamente entre los supuestos contemplados por las reformas al delito de despojo en la Ciudad de México.

5. Abuso de poderes o de una relación de confianza.
Hay casos en que el propietario efectivamente entregó un poder a un familiar, representante, cuidador o persona de confianza para realizar una gestión específica. Este  documento se utiliza después para disponer del inmueble o modificar su situación jurídica. El riesgo es particularmente alto cuando se trata de una persona adulta mayor que por cuestiones de movilidad limitada se ve en la necesidad de delegar a terceros los trámites relacionados con su patrimonio.

6. Despojo entre familiares.
No todos los conflictos ocurren entre desconocidos. También existen disputas por herencias, divorcios, copropiedades o viviendas familiares en las que una persona intenta quedarse con el inmueble o impedir que otro legítimo poseedor pueda acceder a él. Precisamente por esta razón, la Fiscalía ha advertido que una parte importante de los expedientes relacionados con la ocupación de viviendas corresponde a conflictos de naturaleza civil y no necesariamente a un delito de despojo.

7. Aprovechamiento de inmuebles abandonados o con problemas sucesorios.
Las propiedades cuyos propietarios han fallecido, se encuentran en el extranjero o no han concluido un proceso de sucesión testamentaria son de los principales objetivos de los despojadores profesionales de inmuebles. Los responsables pueden aprovechar la falta de vigilancia o la ausencia de familiares que puedan percatarse fácilmente y reclamar inmediatamente los derechos sobre el inmueble.

8. Fraudes relacionados con la compraventa o renta.
Otra modalidad consiste en utilizar contratos aparentemente legítimos para obtener la posesión de una vivienda y posteriormente desconocer los derechos del propietario. En otros casos, una misma propiedad puede ser ofrecida fraudulentamente a diferentes compradores o arrendatarios, generando conflictos de posesión que pueden terminar en procesos judiciales.

La diversidad de modalidades explica por qué el despojo de viviendas en CDMX representa un desafío que va más allá de evitar una invasión física. Se requieren mecanismos que protejan la identidad de los propietarios, formas en que las autoridades puedan detectar operaciones inmobiliarias sospechosas, así como  fortalecer los controles registrales y notariales. En este sentido también es primordial que se actualice el sistema del Registro Público de la Propiedad y que se brinde asesoría jurídica antes de que un conflicto patrimonial se convierta en un problema penal. Aunque es quizá la detección de las posibles redes que facilitan, documentan o encubren las operaciones fraudulentas, lo más importante e inmediato que las autoridades capitalinas podrían hacer para detener este delito.