Texas declara suyas nueve islas del río Bravo; México rechaza que pueda modificar la frontera

Como si no fuera suficiente la constante amenaza de Donald Trump de intervenir en territorio mexicano por razones de seguridad, ahora el gobierno de Texas declaró unilateralmente la propiedad de nueve islas ubicadas en el río Bravo, bajo el mismo pretexto. Y no sólo eso,también autorizó el acceso de fuerzas de seguridad para realizar labores de vigilancia. La decisión provocó una respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que advirtió que los límites internacionales no pueden modificarse por determinación de un gobierno estatal.

Todo inició cuando Dawn Buckingham, comisionada de Tierras de Texas, notificará el 26 de octubre de 2026 a las autoridades de seguridad del estado que la Oficina General de Tierras (GLO, por sus siglas en inglés) había identificado nueve islas en el río Bravo, en el tramo fronterizo comprendido entre Laredo y McAllen, como propiedad texana. En conjunto, las nueve islas abarcan aproximadamente 26,7 hectáreas.

La decisión se originó a partir de una solicitud de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) para revisar la situación de 28 islas fluviales cuya propiedad –según ellos– no estaba claramente establecida. GLO decidió que nueve de esas islas corresponden al estado de Texas, tras examinar registros geográficos, mapas históricos y otros documentos. La comisionada de Tierras de Texas argumentó que la medida permitirá a las fuerzas de seguridad estatales y federales acceder a los terrenos, retirar vegetación, efectuar patrullajes y evitar que sean utilizados por organizaciones dedicadas al narcotráfico y al tráfico de personas, aunque la propia funcionaria reconoció que no se ha confirmado actividad delictiva en estas nueve islas y que la justificación de seguridad se basa en experiencias anteriores en otras zonas fronterizas.

México responde: la frontera no se decide desde Texas

El viernes 30 de octubre, la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por el canciller Roberto Velasco Álvarez, respondió mediante un posicionamiento oficial: “La frontera entre México y Estados Unidos no puede modificarse por decisión de un gobierno estatal” –señaló la dependencia al tiempo que recordó que el Tratado de Límites de 1970 establece que, en el río Bravo, la línea divisoria internacional sigue el centro del cauce normal del cuerpo de agua y que es esto lo que determina la soberanía sobre las tierras situadas en ambos lados de la frontera, independientemente de la que hayan tenido anteriormente.

La SRE también aclaró que aplicar el tratado y determinar de qué lado del límite internacional se encuentra cada isla, corresponde al organismo binacional conocido como Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA). “Ninguna autoridad estatal tiene esa atribución”, –sentenció el canciller mexicano. La SRE también anunció que dará seguimiento a cualquier acción emprendida en la zona y reiteró su compromiso con el cumplimiento de los acuerdos internacionales y el diálogo entre México y Estados Unidos. Hasta el momento no se ha confirmado públicamente una resolución de la CILA que establezca el estatus de las nueve islas en controversia.