Contralor del INE atribuye irregularidades a gestiones anteriores 

Al comparecer este viernes ante las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputado, el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente Contreras, sostuvo que las irregularidades en la contratación de materiales electorales son prácticas que se arrastran desde gestiones anteriores y que no comenzaron durante la administración de Guadalupe Taddei Zavala.

El funcionario reveló que cinco servidores públicos enfrentan procedimientos de responsabilidad por presuntas faltas graves y precisó que existen 18 expedientes relacionados con irregularidades en contrataciones, de los cuales 13 permanecen en investigación y cinco avanzaron a procedimientos de responsabilidad administrativa. Aunque confirmó que ya se formularon imputaciones, evitó revelar los nombres de los involucrados y los detalles de las pruebas, al argumentar que se trata de información reservada mientras continúan los procedimientos.

Una red que opera desde 2014

Durante su intervención, el contralor aseguró que el OIC identificó vínculos entre cinco empresas proveedoras de materiales electorales que, desde 2014, han recibido contratos por aproximadamente 2,461 millones de pesos. Según explicó, las compañías siguieron el típico esquema donde simularon competir entre sí para obtener adjudicaciones, práctica que, comoes sabido, no sólo asegura ganar la licitación sino también permite elevar los precios de los insumos, que en este caso fueron materiales  utilizados tanto por el INE como por los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). Entre las empresas mencionadas por el contralor figura Cajas Graf, a la que atribuyó contratos por poco más de mil millones de pesos.

La comparecencia de Carvente es resultado de que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad, el pasado 27 de octubre, citar al contralor para que explicara el estado de las investigaciones y las medidas adoptadas, tras los cuestionamientos por posibles conflictos de interés y presuntas irregularidades en la contratación de proveedores que provocaron la salida de la presidencia del INE de Guadalupe Taddei.

El 26 de octubre, el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral había entregado a la Cámara de Diputados un informe sobre investigaciones abiertas desde el 2025, que da cuenta de expedientes relacionados con contrataciones públicas, posibles conflictos de interés, abuso de funciones y otras irregularidades administrativas. Inicialmente se habló de 13 expedientes de investigación y 24 indagatorias derivadas de auditorías y revisiones de control. Posteriormente, otros reportes señalaron 16 expedientes y 25 investigaciones adicionales, por lo que es necesario distinguir esas cifras de los 18 expedientes específicos sobre los que Carvente informó durante su comparecencia.

La comparecencia se desarrolló en medio de cuestionamientos de legisladores de oposición, quienes exigieron explicaciones sobre la vigilancia de los contratos y la posible responsabilidad de funcionarios durante la gestión de Taddei. Algunos diputados del PRI incluso exhibieron pancartas relacionadas con los conflictos de interés y expresaron inconformidad por los tiempos asignados para formular preguntas. 

El coordinador del PAN, Elías Lixa, había solicitado previamente garantizar que la renuncia de Taddei no derivara en impunidad, mientras que el coordinador del PRI, Rubén Moreira, exigió investigar y sancionar las irregularidades. Ricardo Monreal, coordinador de MORENA, respaldó la comparecencia y sostuvo que las investigaciones deben respetar los procedimientos legales y el derecho de defensa de las personas señaladas.

Fiscalización pendiente en el organismo electoral

Carvente también reconoció que los contratos que han concentrado la atención pública son apenas una pequeña muestra del universo de adquisiciones del INE. Afirmó que aproximadamente el 96% de las contrataciones aún permanece pendiente de fiscalización y que muchas de las anomalías difundidas públicamente ya habían sido identificadas por el área de auditoría del OIC. Sin embargo, la comparecencia del contralor no especifico en torno a la oportunidad de las investigaciones, la supervisión de los proveedores y las eventuales sanciones.