Chihuahua y los presuntos agentes de la CIA

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga la presunta participación irregular de ciudadanos estadounidenses en un operativo contra un narcolaboratorio en la Sierra del Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, en abril de 2026. El caso derivó en la detención del ex fiscal estatal César Jáuregui Moreno, a quien la FGR imputó por su probable participación en el delito de traición a la patria, por lo que recientemente un juez le impuso prisión preventiva; la audiencia para resolver su situación jurídica fue programada para el próximo 24 de octubre.

Los hechos se remontan al operativo que permitió localizar un laboratorio clandestino de metanfetaminas y otras drogas sintéticas el pasado abril. Durante el regreso del convoy, un accidente vehicular provocó la muerte de dos funcionarios de la Fiscalía de Chihuahua y dos ciudadanos estadounidenses. Aunque diversas publicaciones identifican a estos últimos como presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), los comunicados oficiales sólo se refieren a ellos como ciudadanos estadounidenses o personas extranjeras; su pertenencia a la CIA no ha sido confirmado de forma oficial. 

Los testimonios de policías que participaron en el operativo

De acuerdo con testimonios citados por el medio Diario.mx, uno de los agentes de investigación, Javier Gerardo Méndez Montes, declaró que observó a cuatro personas que hablaban inglés y portaban armas, tabletas y ropa táctica, sin insignias que permitieran identificar a qué corporación pertenecían. El agente también habría señalado que llevaban pasamontañas y chalecos balísticos.

Otros policías describieron la participación de personas encapuchadas durante el recorrido hacia el laboratorio. Según los testimonios publicados, Miguel Alexis Álvarez Rodríguez relató que siguió al director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), a elementos militares y a uno de los extranjeros hasta el lugar donde se encontraba el laboratorio. Eduardo Antonio Acosta Delgado declaró que el grupo de avanzada estuvo integrado por el jefe de la AEI, militares y presuntos agentes estadounidenses.

La versión inicial del ex fiscal

Antes de que el caso derivará en la investigación federal, el entonces fiscal César Jáuregui sostuvo públicamente que los extranjeros no habían participado en el operativo. En una explicación difundida por la Fiscalía General del Estado, afirmó que el despliegue había sido realizado por elementos de la AEI y del Ejército Mexicano, y que los ciudadanos estadounidenses eran instructores de la Embajada de Estados Unidos que se encontraban en otra comunidad impartiendo un curso de manejo de drones. Según esa versión, los extranjeros se incorporaron al convoy durante el regreso a Chihuahua y murieron en el accidente.

Sin embargo, en sus más recientes comunicados la FGR sostuvo que la presencia de los extranjeros en el operativo carecía de justificación y que estas personas habían acudido previamente a instalaciones de la AEI. La institución también señaló que el ex fiscal había omitido informar oportunamente a las autoridades federales y había comunicado información a personas extranjeras. Estas afirmaciones son parte de la imputación y deberán ser analizadas por las autoridades judiciales.

La investigación de Maru Campos

El 24 de abril, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, anunció la creación de una Unidad Especializada para investigar los hechos ocurridos entre el 17 y el 19 de abril. La unidad, encabezada por Wendy Paola Chávez Villanueva, quedó encargada de esclarecer tanto el operativo como el accidente en el que murieron las cuatro personas.

El 28 de abril, Campos declinó participar en una reunión de trabajo en el Senado y argumentó que buscaba evitar comprometer las investigaciones y proteger información confidencial. En mayo, defendió la actuación de su administración y sostuvo que su gobierno colaboraría con las autoridades federales. Tras la detención de Jáuregui, el 19 de octubre, afirmó que no se protegería ni perseguiría a nadie y que correspondía a las autoridades judiciales resolver el caso.

La investigación federal y la estatal continúan siendo fundamentales para esclarecer qué funciones desempeñaban los extranjeros, si su incorporación al convoy fue autorizada y qué servidores públicos tuvieron conocimiento de su presencia. Y aunque las acusaciones encasillan a las personas extranjeras como miembros de la CIA, esta alegación todavía no ha sido oficialmente confirmada.