¿Pleito entre vecinos? Brugada propone mediar antes de castigar

Una discusión entre vecinos, una riña por problemas de convivencia o daños a una propiedad podrían tener una solución distinta en la Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Cultura Cívica que pretende intervenir antes de que los conflictos cotidianos escalen a situaciones de violencia, mediante la mediación, la conciliación y la reparación del daño.

La propuesta, presentada el 19 de octubre, plantea modificar la manera en que las autoridades atienden los problemas comunitarios. En lugar de limitarse a imponer multas o arrestos, el nuevo modelo buscaría que las personas involucradas lleguen a acuerdos, asuman responsabilidades y eviten repetir las conductas que originaron el conflicto. Para ello se crearían centros comunitarios denominados Calpullis de Paz, que podrían instalarse en Utopías, PILARES y otros espacios públicos.

Pero ¿cómo funcionaría para los ciudadanos? Los conflictos podrían detectarse mediante reportes al 911, solicitudes al Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), asambleas vecinales o la intervención de policías de proximidad. Dependiendo de la naturaleza del problema, las autoridades podrían canalizar a las partes a mecanismos de mediación o a los juzgados cívicos, donde se contempla la realización de audiencias públicas y orales para escuchar a los involucrados.

Uno de los cambios más relevantes consiste en permitir que determinados daños a bienes muebles e inmuebles, cuyo valor no exceda las 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 5,865.50 pesos en 2026, puedan atenderse por la vía cívica. La iniciativa también considera ciertos robos de bajo valor, siempre que no exista violencia, reincidencia u otras circunstancias agravantes. Las medidas podrían incluir la devolución de bienes, reparación económica, trabajo comunitario o arresto administrativo, según corresponda.

¿Significa que los delitos menores dejarán de castigarse? No. La propuesta no modifica el Código Penal ni elimina el derecho de las víctimas a acudir al Ministerio Público. La vía cívica sería una alternativa para determinados casos y bajo condiciones específicas, no una autorización para cometer robos o causar daños sin consecuencias.

Otra novedad es la incorporación de agentes psicosociales restaurativos, quienes evaluarían factores relacionados con las conductas infractoras y podrían canalizar a las personas a atención psicológica, prevención de adicciones, capacitación o programas educativos. La intención es intervenir sobre las causas de los conflictos y no solamente sobre sus consecuencias. El modelo también requerirá fortalecer los juzgados cívicos. Brugada anunció que a partir de 2027 se destinarían recursos para mejorar sus instalaciones e incorporar personal especializado, mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana participaría en la detección temprana de problemas mediante sus programas de proximidad. 

El principal desafío será convertir la mediación en una alternativa accesible y efectiva, particularmente cuando existan conflictos recurrentes o desequilibrios entre las personas involucradas. También será necesario garantizar que los acuerdos se cumplan, que las víctimas no sean presionadas para conciliar y que los casos graves continúen por las vías legales correspondientes. Por ahora, la reforma deberá ser discutida por el Congreso capitalino. Los nuevos mecanismos todavía no entran en vigor y su aplicación dependerá de la aprobación legislativa, las reglas de operación y los recursos destinados a los centros comunitarios y juzgados cívicos.