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Salud
Una nueva iniciativa presentada en el Congreso de la CDMX busca permitir que personas con enfermedades graves o irreversibles puedan solicitar la eutanasia bajo estrictos controles médicos y legales.
¿Hasta dónde debe llegar el derecho de una persona a decidir sobre su propia vida cuando enfrenta una enfermedad irreversible? Esta pregunta vuelve al centro del debate legislativo en la Ciudad de México, donde una nueva iniciativa busca regular la eutanasia y reconocer la autonomía de quienes enfrentan sufrimientos asociados con padecimientos graves.
La diputada Diana Sánchez Barrios presentó el 26 de octubre una propuesta para modificar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, con el objetivo de permitir que pacientes que cumplan determinadas condiciones médicas y legales puedan solicitar asistencia para poner fin a su vida.
La iniciativa plantea que esta decisión sea libre, informada, consciente y reiterada, además de estar respaldada por evaluaciones médicas independientes. También contempla mecanismos de supervisión para impedir presiones familiares, intereses económicos o cualquier forma de abuso.
Entre las garantías propuestas se encuentra que la persona pueda retirar su solicitud en cualquier momento, incluso después de haber iniciado el procedimiento de evaluación. La propuesta no contempla que cualquier persona pueda solicitar la eutanasia por el simple deseo de morir. Su aplicación estaría limitada a circunstancias médicas específicas y requeriría procedimientos de valoración y autorización.
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Actualmente, la eutanasia está prohibida en México. El artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud establece expresamente esa prohibición, mientras que el marco penal federal contempla sanciones relacionadas con la ayuda o inducción al suicidio. Por ello, uno de los puntos centrales de la iniciativa consiste en modificar ambas legislaciones para establecer los supuestos en los que el personal médico autorizado podría intervenir sin incurrir en responsabilidad penal.
Sin embargo, el Congreso de la Ciudad de México no tiene facultades para cambiar directamente estas disposiciones federales. Si la iniciativa obtiene el respaldo del pleno capitalino, deberá remitirse al Congreso de la Unión para continuar su discusión. La propuesta de Sánchez Barrios tampoco es la primera sobre el tema. En septiembre, la diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya presentó dos iniciativas relacionadas con la muerte digna: una para crear una legislación específica en la capital y otra para modificar la Ley General de Salud.
Esta última plantea eliminar la prohibición federal de la eutanasia y reconocer la asistencia médica para morir bajo condiciones reguladas. La Ciudad de México cuenta con un antecedente importante. Desde 2008 existe la legislación sobre voluntad anticipada, que permite a las personas expresar su decisión de aceptar o rechazar tratamientos que prolonguen innecesariamente su vida ante determinadas enfermedades.
No obstante, voluntad anticipada y eutanasia son procedimientos diferentes. La primera permite rechazar intervenciones médicas y recibir cuidados paliativos para que la muerte ocurra naturalmente. La segunda implica una intervención médica destinada a provocar deliberadamente el fallecimiento, a petición de la persona y conforme a las condiciones que establezca la ley.
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La Constitución capitalina, promulgada en 2017, también reconoce que el derecho a una vida digna contiene implícitamente el derecho a una muerte digna. Sin embargo, ese reconocimiento no significa que la eutanasia esté autorizada. El debate legislativo también plantea una responsabilidad para las instituciones de salud: garantizar que ninguna persona considere la muerte asistida como única alternativa ante la falta de medicamentos, atención médica, apoyo psicológico o tratamientos para controlar el dolor.
Por esa razón, las iniciativas contemplan fortalecer los cuidados paliativos y establecer medidas de protección para pacientes en situaciones de vulnerabilidad. La iniciativa de Sánchez Barrios fue enviada a las Comisiones Unidas de Salud y de Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.
El siguiente paso será su análisis y eventual dictaminación. De obtener respaldo legislativo, comenzaría otra etapa ante el Congreso federal. Por ahora, la eutanasia continúa prohibida. Lo que se discute en la capital es si el derecho a una muerte digna debe incluir, bajo circunstancias excepcionales, la posibilidad de decidir cómo y cuándo poner fin a un sufrimiento irreversible.