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Por primera vez, la capital transparenta los resultados de búsqueda y anuncia más recursos, investigadores y acompañamiento para las familias. La medida podría transformar la manera de localizar personas y exigir respuestas a las autoridades.
Detrás de cada persona desaparecida hay una familia que espera una llamada, una noticia o cualquier pista que termine con la incertidumbre. En un intento por convertir esa angustia en respuestas, el gobierno de la Ciudad de México presentó por primera vez un balance público detallado sobre la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, acompañado de 21 nuevos compromisos, mayor presupuesto y personal especializado para fortalecer las investigaciones y el acompañamiento a las víctimas indirectas.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó el martes 27 de octubre que, de acuerdo con los registros oficiales, las personas pendientes de localización disminuyeron 30.5% respecto a noviembre de 2024, mientras que las localizaciones aumentaron 68% entre 2024 y 2026. La mandataria también señaló que el 86% de los casos analizados corresponde a ausencias clasificadas por su administración como voluntarias, aunque ello no elimina la obligación de investigar ni permite asumir que todas las personas cuyo paradero se desconoce se encuentran fuera de peligro.
Luis Gómez Negrete, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, detalló que el registro histórico, actualizado al 15 de octubre de 2026, contabiliza 24,539 reportes desde 1952. De ellos, 19,313 personas han sido localizadas, mientras que 5,226 continúan pendientes de localización. Esta última cifra representa una disminución frente a los 7,519 casos registrados el 11 de noviembre de 2024, aunque la actualización de registros por sí sola no demuestra que haya disminuido en la misma proporción la incidencia de nuevas desapariciones.
Las autoridades también informaron que el 98% de las personas localizadas fueron encontradas con vida y que, entre los casos de 2025 y 2026, alrededor del 1% de las personas localizadas fueron identificadas como víctimas de delitos graves. Respecto a los expedientes que siguen abiertos, la Comisión de Búsqueda señaló que existen 1,385 personas cuya desaparición continúa confirmada y cuyas familias mantienen la búsqueda; otros 447 casos presentan indicios de contacto sin prueba de vida y en 3,394 no ha sido posible establecer comunicación con quienes realizaron el reporte. Ninguno de estos grupos ha sido excluido de las tareas de búsqueda.
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Uno de los anuncios con mayor potencial para mejorar la atención fue la incorporación prevista de 100 policías de Investigación y 50 agentes del Ministerio Público, respaldada por más de 200 millones de pesos adicionales para contrataciones entre 2026 y 2027. El objetivo es ampliar la capacidad de seguimiento de los expedientes y evitar que la falta de personal retrase diligencias importantes durante las primeras horas de una desaparición.
La medida podría beneficiar especialmente a las familias que enfrentan investigaciones prolongadas, a quienes buscan personas desde hace años y a los colectivos que con frecuencia han tenido que realizar labores por cuenta propia. Una mayor disponibilidad de investigadores permitiría distribuir mejor las cargas de trabajo, atender nuevas pistas y coordinar búsquedas de manera más oportuna. Sin embargo, su impacto dependerá de que las contrataciones se concreten y de que el personal cuente con capacitación, herramientas y mecanismos de supervisión.
Brugada también anunció que cada persona desaparecida deberá contar con un plan individualizado de búsqueda e investigación, con seguimiento a sus familiares. Este compromiso representa un cambio importante en el modelo de atención propuesto, pues busca que los expedientes no reciban únicamente un tratamiento general, sino que se investiguen las circunstancias particulares de cada ausencia, las últimas ubicaciones conocidas, los posibles riesgos y las líneas de investigación disponibles.
La estrategia capitalina contempla incorporar sistemáticamente a familiares y colectivos en los Gabinetes de Búsqueda, además de implementar planes de bienestar con acceso a programas sociales y al Sistema de Cuidados. El gobierno también reportó avances en centros de acompañamiento emocional y apoyos económicos para hijas e hijos de personas desaparecidas, con el propósito de atender las consecuencias sociales y económicas que enfrentan los hogares afectados.
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Además, la administración capitalina anunció una inversión multianual neta superior a 460 millones de pesos, con la previsión de incrementar el presupuesto de la Comisión de Búsqueda de 24 millones de pesos en 2024 a más de 80 millones en 2027.
La Fiscalía General de Justicia capitalina, encabezada por Bertha Alcalde Luján, también informó sobre la consolidación de una base unificada con más de 10,000 perfiles genéticos, así como trabajos de identificación humana que, según el balance oficial, han permitido identificar a 2,566 personas. Estas herramientas pueden contribuir a resolver expedientes antiguos, facilitar cruces de información y ofrecer respuestas a familias que llevan años esperando conocer el destino de sus seres queridos.
En tanto, Clara Brugada reconoció que los resultados siguen siendo insuficientes mientras existan personas cuyo paradero se desconoce y sostuvo que los casos antiguos continuarán bajo investigación, sin importar el tiempo transcurrido. Su administración reportó un avance global del 83% en los primeros 30 compromisos con familias buscadoras, aunque todavía hay acciones pendientes en identificación genética, fortalecimiento de las investigaciones y recuperación de espacios posiblemente relacionados con delitos de desaparición.
La estrategia busca agilizar las investigaciones, fortalecer el acompañamiento a las familias y garantizar mayor transparencia. Sin embargo, el verdadero avance no estará en las cifras ni en los recursos anunciados, sino en las personas localizadas y las familias que finalmente encuentren respuestas.