23 personas bajo la lupa en el INE por irregularidades administrativas 

El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) remitió un informe a la Cámara de Diputados en el que detalla que investiga a un total de 23 personas y 18 empresas por presuntas irregularidades administrativas. Entre los investigados se encuentran al menos 15 servidores y ex servidores públicos de la institución, así como ocho personas físicas y las 18 empresas mencionadas. De acuerdo con los registros de la Contraloría interna, las labores de fiscalización han derivado en 20 sanciones administrativas desde enero de 2025, entre ellas 19 inhabilitaciones, 14 dirigidas a funcionarios y ex funcionarios públicos y cinco a particulares, además de una suspensión de 30 días y tres sanciones económicas que suman 1.6 millones de pesos.

Durante el periodo de 2025 y 2026, el órgano fiscalizador abrió 16 expedientes de investigación, de los cuales 11 están directamente relacionados con procedimientos de contratación pública. Asimismo, a partir de seis auditorías y ocho revisiones de control interno, el OIC inició otras 25 investigaciones adicionales enfocadas en contrataciones. El informe también señala que el pasado 9 de octubre se notificaron 45 cédulas de observaciones preliminares a diferentes áreas administrativas de la institución.

El documento enumera conductas que podrían constituir actos de corrupción. Entre los hallazgos figuran presuntos esquemas de colusión, simulación en el cumplimiento de requisitos de licitación, abuso de funciones, presentación de información o documentación falsa o alterada, ejercicio de recursos presupuestarios sin la debida comprobación y adjudicaciones a empresas que presuntamente no acreditaron contar con la capacidad técnica, económica u operativa necesaria para brindar los servicios contratados. Además, las investigaciones del OIC identificaron posibles irregularidades en declaraciones patrimoniales, como omisiones o inconsistencias en registros de ingresos superiores a 5 millones de pesos, así como depósitos bancarios que requieren aclaración, relacionados con funcionarios y proveedores.

De igual manera, se identificaron deficiencias en las etapas de planeación, administración, supervisión, recepción y pago de bienes y servicios contratados, lo que podría representar un daño patrimonial o un uso irregular de recursos públicos. El informe también señala indicios de posibles conflictos de interés en tres de cuatro expedientes examinados, mientras que el cuarto continúa bajo investigación. Ante estos hallazgos, el titular del OIC, Víctor Hugo Carvente Contreras, planteó la necesidad de implementar una estrategia nacional de fiscalización electoral que coordine al órgano interno del INE con los órganos de control de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), debido a las diferencias detectadas en precios y criterios de contratación entre las entidades federativas.

La entrega del informe coincidió con la presentación de la renuncia formal de Guadalupe Taddei ante la Cámara de Diputados. Tras la difusión de los hallazgos, legisladores plantearon solicitar la comparecencia del titular del OIC para esclarecer las presuntas irregularidades y conocer los avances de las investigaciones. Por su parte, el órgano fiscalizador precisó que los expedientes en los que se acrediten faltas administrativas graves serán turnados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), instancia encargada de resolver e imponer las sanciones correspondientes.