Tres muertos, un pueblo enfurecido. El crimen de una niña y su abuela desata indignación 

Una abuela y su nieta salieron juntas de casa para realizar sus actividades en el campo. Ninguna regresó. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada en Ostuacán, Chiapas, terminó con el hallazgo de sus cuerpos, dos detenciones y un linchamiento frente a la Presidencia Municipal. En menos de una semana, el municipio fue escenario de tres muertes violentas, mientras las autoridades estatales intentaban contener una indignación que ya había rebasado las instalaciones policiales.

Miriam Cruz Alpuche, de 55 años, y su nieta Ariana, de 12, salieron de su domicilio ubicado en la comunidad de Tanchichal el pasado lunes 19 de octubre alrededor de las 14:00 horas con dirección a una propiedad rural donde realizaban labores relacionadas con el campo. La abuela y su nieta no volvieron a casa, por lo que sus familiares y habitantes de la comunidad comenzaron a buscarlas. Con el paso de las horas, la preocupación creció y los vecinos se organizaron para recorrer caminos, terrenos y zonas cercanas al lugar donde habían sido vistas por última vez.

El miércoles 21 de octubre, los equipos de búsqueda localizaron sin vida a Miriam. Dos días después, el viernes 23, encontraron el cuerpo de Ariana. La fiscalía informó que había integrado un equipo especializado de las áreas de Feminicidio, Homicidio y Distrito Norte para investigar las desapariciones y esclarecer los crímenes. La institución aseguró públicamente que no habría impunidad.

La fiscalía informó que Miriam murió por una lesión provocada con un objeto punzocortante, mientras que Ariana sufrió violencia sexual y fue asesinada por estrangulamiento. Los peritajes también identificaron lesiones de defensa en la menor, evidencia de que intentó resistir la agresión. 

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, anunció el sábado 24 de octubre la detención de dos hombres presuntamente relacionados con los feminicidios. A través de su cuenta oficial de X, aseguró que las autoridades habían trabajado discretamente para localizarlos y sostuvo: “No hay impunidad ante ningún delito. En Chiapas la ley se aplica y el que la hace, la paga”.

Los detenidos fueron identificados como Armando “N”, alias “El Melo”, y Andrés “N”, alias “El Cera», y de acuerdo con la fiscalía, ambos siguieron a las víctimas hasta el sitio donde fueron asesinadas y después escaparon. Las investigaciones atribuyen el posible móvil a una venganza personal, aunque esa hipótesis todavía debe acreditarse ante los tribunales.

Pero la captura no puso fin a la tensión, decenas de habitantes se concentraron frente a la Presidencia Municipal de Ostuacán, donde permanecían los detenidos antes de su traslado a Tuxtla Gutiérrez. Un grupo irrumpió violentamente en las instalaciones y sacó por la fuerza a ambos hombres, pese a los intentos de las autoridades por establecer un diálogo y reforzar la seguridad.

Ante el riesgo de un linchamiento, Eduardo Ramírez difundió un comunicado urgente dirigido a los habitantes: “La justicia por propia mano no nos devuelve la paz y sí puede traer más dolor y consecuencias legales para personas inocentes. La violencia genera más violencia”.

El gobernador pidió dejar las investigaciones en manos de las instituciones. Sin embargo, el enfrentamiento terminó con la muerte de Andrés “N”, quien fue brutalmente agredido y decapitado. Armando “N” también fue golpeado, pero las fuerzas de seguridad consiguieron rescatarlo con vida. El fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, confirmó el domingo 25 de octubre que Andrés “N” había muerto durante el linchamiento y que Armando “N” sobrevivió. La dependencia abrió una nueva carpeta de investigación por el homicidio del primero y anunció que continuaría integrando el expediente del doble feminicidio para llevarlo ante un juez.

La fiscalía también informó que solicitará una pena de hasta 100 años de prisión para Armando “N”, en caso de acreditarse su responsabilidad penal. Las autoridades estatales y federales desplegaron un operativo para restablecer el orden en Ostuacán, mientras el sobreviviente quedó bajo custodia para continuar el procedimiento judicial.

El caso también puso en evidencia los reclamos de los familiares sobre la respuesta inicial de las autoridades. De acuerdo con testimonios recogidos por MILENIO, la familia acudió a denunciar las desapariciones desde el martes 20 de octubre, pero policías locales les habrían indicado que debían esperar 72 horas para proceder. Este señalamiento no ha sido confirmado mediante una resolución oficial y requiere que las autoridades municipales aclaren cómo atendieron los primeros reportes.

La organización de mujeres 50+1 también condenó el doble feminicidio y advirtió sobre el daño que estos delitos provocan en las familias y las comunidades. El colectivo recordó que la violencia feminicida deja consecuencias que permanecen mucho después de los asesinatos y exigió justicia por las víctimas.

La detención de dos sospechosos no consiguió detener el enojo de la comunidad y el linchamiento añadió otro homicidio a una historia que comenzó con la desaparición de una abuela y su nieta. Ahora, la justicia tendrá que esclarecer los feminicidios, determinar responsabilidades por el linchamiento y atender los señalamientos sobre la actuación de las autoridades.