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En Europa, Asia, África y América Latina miles de manifestantes han salido a las calles para exigir vivienda, educación, mejores salarios y mayores oportunidades. Aunque sus demandas tienen particularidades, estas movilizaciones evocan otras protestas del pasado.
Europa vive una nueva etapa de movilizaciones sociales que tiene a los jóvenes entre sus protagonistas. Desde Francia hasta España, Italia, Portugal, Albania y Grecia, estudiantes, trabajadores y organizaciones civiles han salido a las calles para cuestionar la precariedad laboral, el encarecimiento de la vivienda, las deficiencias educativas y las políticas de sus gobiernos.
Pero el fenómeno no se limita al continente europeo. Durante los últimos meses, protestas juveniles en Nepal, Indonesia, Marruecos, Madagascar, Perú y otros países han puesto en evidencia un malestar semejante: millones de personas sienten que las instituciones ya no responden a sus necesidades y que las oportunidades prometidas a las nuevas generaciones se alejan cada vez más.
Aunque no forman parte de un movimiento coordinado, las protestas reflejan un descontento que trasciende fronteras. Y su coincidencia recuerda otros momentos en los que jóvenes de distintos países, sin responder a una dirección común, terminaron cuestionando las estructuras políticas, económicas y sociales de su época.
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Las protestas estudiantiles denuncian la falta de profesores, la saturación de las aulas y el deterioro de las instalaciones educativas. A estas exigencias se suman las de sindicatos y trabajadores que reclaman mejores salarios, pensiones dignas y medidas frente al encarecimiento de la vida. Las movilizaciones comenzaron a mediados de septiembre y adquirieron mayor intensidad durante octubre. El 17 de octubre se registraron incendios, saqueos y enfrentamientos con la policía, mientras que el sábado 24 nuevas marchas reunieron a cientos de miles de personas en distintas ciudades.
El gobierno de Emmanuel Macron respondió con importantes despliegues policiales y detenciones, pero también prometió medidas para atender las demandas educativas. Entre las propuestas figuran cambios en el sistema de acceso universitario, contratación de profesores y mejoras en las condiciones escolares.
En Madrid y Barcelona, el acceso a una vivienda digna se ha convertido en una de las principales demandas. Los manifestantes denuncian el aumento de los alquileres, los desalojos y la dificultad de independizarse, especialmente entre los jóvenes. Organizaciones de inquilinos reclaman regular los precios, ampliar la vivienda pública y proteger a quienes enfrentan procesos de desahucio.
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A estas protestas se sumaron las movilizaciones del 24 de octubre en defensa de las pensiones públicas, con exigencias para que los incrementos respondan a la inflación y se reduzcan las desigualdades. El gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto medidas para contener la crisis habitacional, pero sus iniciativas encontraron obstáculos legislativos. La tensión social y política desembocó en la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre.
Roma, Milán y otras ciudades han sido escenario de movilizaciones contra los bajos salarios, el encarecimiento de la vida y las políticas del gobierno de Giorgia Meloni. Estudiantes y trabajadores exigen mayor inversión educativa, empleos dignos y viviendas asequibles. Desde principios de octubre, estudiantes han realizado huelgas y bloqueos escolares para exigir mayor inversión educativa, mejores instalaciones y contratación de profesores. También cuestionan el aumento del gasto militar mientras persisten carencias en los servicios públicos.
El 17 y 18 de octubre se registraron enfrentamientos particularmente violentos en Milán, Turín y Bolonia. Hubo destrozos, saqueos y numerosas detenciones. El 24 de octubre, nuevas protestas en distintas ciudades terminaron con nueve arrestos y cientos de personas trasladadas a dependencias policiales para su identificación.
Meloni condenó los disturbios y su gobierno anunció el despliegue de 500 militares adicionales en Milán. Mientras tanto, los sindicatos preparan nuevas movilizaciones, incluida una huelga general convocada para noviembre.
En Lisboa y Oporto, el costo de la vivienda concentra buena parte del malestar social. Los manifestantes denuncian que los alquileres aumentan más rápido que los salarios, lo que dificulta a miles de jóvenes acceder a un hogar. El 24 de octubre, manifestantes salieron a las calles de Lisboa portando llaves como símbolo de una demanda elemental: poder acceder a una vivienda.
Las organizaciones sociales reclaman políticas de vivienda asequible, mejores ingresos y medidas contra la especulación inmobiliaria. También rechazan propuestas gubernamentales que consideran favorables a los desalojos. Las autoridades han mantenido el debate sobre cambios en la legislación de vivienda, pero las organizaciones convocantes consideran que las medidas anunciadas siguen siendo insuficientes.
En Tirana, las movilizaciones contra el gobierno de Edi Rama incluyen denuncias de corrupción y reclamos por mejores oportunidades laborales. Los manifestantes también cuestionan la falta de perspectivas económicas, un problema que ha impulsado la emigración de numerosos jóvenes.
Las protestas se intensificaron durante octubre y el sábado 24 miles de personas participaron en una nueva manifestación antigubernamental. Se registraron ataques contra edificios públicos, enfrentamientos con la policía y decenas de detenciones. Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. La Comisión Europea condenó los actos violentos, pero también recordó a las autoridades albanesas que deben garantizar el derecho a manifestarse y responder de manera proporcional.
En Atenas y Salónica, estudiantes y docentes reclaman mayor presupuesto educativo, contratación de profesores y mejores condiciones escolares. A estas demandas se suman preocupaciones por los salarios, el costo de vida y las dificultades para conseguir vivienda, especialmente entre quienes estudian o trabajan lejos de sus ciudades de origen.
Las movilizaciones forman parte de un malestar social más amplio contra la precariedad y las decisiones presupuestarias del gobierno de Kyriakos Mitsotakis. Aunque las protestas estudiantiles mantienen presencia en el país, no se ha confirmado para los últimos días un episodio de violencia de la magnitud de los registrados en Francia, Italia o Albania.
El malestar juvenil no conoce fronteras. En distintas regiones del mundo, han surgido protestas desde 2025 por motivos aparentemente diferentes que a la larga han terminado cuestionando la corrupción, los privilegios políticos y la falta de oportunidades.
Nepal: de la censura a un cambio de gobierno.
En septiembre de 2025, una prohibición de redes sociales detonó manifestaciones juveniles contra la corrupción y los privilegios de las familias políticas. La represión dejó decenas de muertos y el entonces primer ministro terminó renunciando. Un año después, el país sigue enfrentando el desafío de transformar aquella movilización en cambios institucionales duraderos.
Indonesia: contra los privilegios de los políticos.
Las protestas de 2025 denunciaron beneficios económicos para legisladores mientras buena parte de la población enfrentaba dificultades para cubrir sus necesidades. El parlamento retiró algunas prestaciones y abrió conversaciones con dirigentes estudiantiles. Este 20 de octubre de 2026, nuevas manifestaciones en Yakarta cuestionaron el costo de vida y las políticas ambientales; el gobierno respondió reconociendo el derecho a protestar y anunciando medidas económicas.
Marruecos: hospitales antes que estadios.
En septiembre de 2025, la muerte de ocho mujeres tras recibir atención obstétrica en un hospital de Agadir impulsó movilizaciones juveniles que exigían mejores servicios de salud y educación. Las protestas cuestionaron las prioridades del gasto público frente a las inversiones destinadas a grandes acontecimientos deportivos. El gobierno respondió con compromisos para aumentar los presupuestos sanitario y educativo.
Madagascar: cuando el agua y la electricidad se convierten en detonantes políticos.
Los cortes prolongados de servicios básicos provocaron una ola de protestas en 2025. Las concesiones iniciales del gobierno no lograron contener la movilización, que terminó con la salida del presidente Andry Rajoelina después de que sectores militares respaldaran a los manifestantes.
Perú: pensiones, inseguridad y rechazo a la clase política.
Las protestas juveniles de 2025 estuvieron relacionadas con reformas al sistema de pensiones, la delincuencia y la desconfianza hacia las instituciones. El malestar coincidió con una profunda crisis política y la destitución de Dina Boluarte por el Congreso. El caso ilustra cómo las demandas económicas y de seguridad pueden converger en un cuestionamiento más amplio al poder.
Ya en 1968, estudiantes y jóvenes de París, Praga, Ciudad de México, Estados Unidos, Japón y otros países protagonizaron movilizaciones que parecían responder a conflictos locales, pero compartían un cuestionamiento profundo a las estructuras de poder. En Francia, los estudiantes se rebelaron contra el autoritarismo universitario y terminaron impulsando una huelga general. En Estados Unidos, el movimiento juvenil protestó contra la guerra de Vietnam y la discriminación racial. En Checoslovaquia, la Primavera de Praga buscó abrir espacios de libertad frente al control soviético. En México, el movimiento estudiantil exigió libertades democráticas y el fin de la represión, antes de la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco.
No existió una dirección mundial que coordinara aquellas protestas. Sin embargo, sus protagonistas compartían una inconformidad generacional y la convicción de que las instituciones debían cambiar. Hoy las demandas son diferentes, pero el paralelismo resulta difícil de ignorar. Si en 1968 la juventud cuestionaba principalmente el autoritarismo, la guerra y las jerarquías tradicionales, en 2026 también reclama algo aparentemente más elemental: poder estudiar, trabajar, pagar una vivienda y construir un futuro sin depender de privilegios familiares o políticos.
Detrás de los reclamos por salarios, escuelas, hospitales, pensiones, vivienda y corrupción aparece una exigencia compartida: que los gobiernos garanticen condiciones de vida dignas y que las oportunidades no estén reservadas para unos cuantos. El problema no es únicamente económico. También es una crisis de confianza.
Las nuevas generaciones observan cómo aumenta el costo de vivir, mientras perciben que las instituciones son incapaces de resolver problemas básicos y que las decisiones políticas se toman lejos de sus necesidades. La vivienda se ha vuelto inaccesible, los salarios pierden poder adquisitivo, la educación deja de garantizar movilidad social y los servicios públicos se deterioran. Al mismo tiempo, las redes sociales permiten comparar esas experiencias, denunciar privilegios y organizar protestas a una velocidad que las generaciones anteriores no conocieron.
No todas las movilizaciones son juveniles, ni todas persiguen los mismos objetivos. Algunas son pacíficas, otras han derivado en enfrentamientos violentos y sus demandas pueden incluso ser contradictorias. Pero la coincidencia de tantas protestas revela que el malestar ya no puede explicarse como una sucesión de problemas exclusivamente nacionales.
La historia demuestra que los grandes periodos de transformación no siempre comienzan con revoluciones organizadas. En ocasiones surgen de protestas dispersas que, al acumularse, terminan modificando la relación entre la sociedad y el poder. Eso ocurrió en 1968 y también en otros momentos como la Primavera Arabe de 2010-2011. No todas las movilizaciones han logrado sus objetivos inmediatos, pero muchas transformaron el debate sobre los derechos civiles, la participación política, las libertades individuales y el papel de las nuevas generaciones.
Hoy podrían abrirse distintos escenarios. Los gobiernos pueden responder con reformas capaces de recuperar parte de la confianza ciudadana o limitarse a concesiones parciales y medidas de seguridad que no resuelvan las causas del descontento. También es posible que las protestas evolucionen hacia movimientos políticos más organizados, nuevas fuerzas electorales o demandas sociales que transformen las prioridades de las próximas décadas.
Pero existe otro riesgo: que la frustración acumulada, combinada con respuestas represivas y falta de resultados, profundice la polarización y dé paso a periodos prolongados de inestabilidad. Nada de esto es inevitable. Las condiciones de 2026 no son las mismas de cualquier movimiento pasado y la historia no se repite de manera automática.
Sin embargo, hay una coincidencia que merece atención: en distintos países, millones de personas están cuestionando la distancia entre lo que sus gobiernos prometen y lo que realmente pueden ofrecerles. Lo mas probable es que estemos ante un momento de coyuntura en el que una generación comienza a preguntarse por qué, si el mundo produce más riqueza y dispone de más tecnología que nunca, construir una vida digna parece cada vez más difícil. Y cuando esa pregunta empieza a escucharse al mismo tiempo en tantas partes del planeta, deja de ser únicamente la inconformidad de una generación o de un sector de la población: puede convertirse en el principio de una transformación histórica.