Impuestos y seguridad, detrás del paro de transportistas

Organizaciones transportistas anunciaron un paro nacional para este lunes 26 de octubre derivado de problemas de seguridad del transporte en carreteras. Al menos cuatro grandes organizaciones convocaron y participan activamente en este movimiento de protesta entre ellas: la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga  (CANACAR) que responde a la regulación de un acuerdo que ayudaba a empresas de transporte a reducir el pago de impuestos a través del pago de casetas. En este sentido, durante la mañanera de este 26 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que esta nueva regulación afectará a 170 empresas.

Así mismo destacó que la principal razón por la que se están movilizando es la reducción en la deducción de impuestos, un escenario que ya se encuentra bajo diálogo con la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez. Con todo, no descartó las mesas de diálogo con la SSPC y la Guardia Nacional, acciones que se instalan ante las exigencias de los transportistas en torno a  la seguridad en las carreteras.

El dilema de la CANACAR

La deducción en disputa tiene su origen en el año 2002, cuando el gobierno federal de México implementó un estímulo fiscal para apoyar al sector del autotransporte terrestre de carga y de pasajeros. Este beneficio se creó con el objetivo de aliviar la carga financiera de los transportistas debido a los altos costos de la infraestructura vial del país y para incentivar la formalidad en el sector. Este mecanismo permitía utilizar el 50% del gasto total realizado en el pago de peajes (casetas) de carreteras de cuota como un crédito directo para reducir el pago de su Impuesto sobre la Renta (ISR).

El estímulo consiste en que las empresas transportistas no solo registran el pago de las casetas como un gasto operativo normal de su negocio, sino que el Estado les otorga el derecho de restar la mitad de ese dinero lo que reduce significativamente su carga impositiva anual frente al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Sin embargo, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, redujo el tope de ingresos permitidos para acceder al beneficio tras bajar el umbral de 300 a 250 millones de pesos de facturación anual. La razón principal de este cambio, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es que el esquema original comenzó a registrar un uso desmedido por parte de los corporativos más grandes del país debido a su constante crecimiento desde el año 2020. Al moderar este límite, las autoridades buscan recuperar cerca de 4,500 millones de pesos anuales para equilibrar el presupuesto federal.

La justificación de la mandataria para defender la modificación es que la medida no afecta a los pequeños transportistas ni a los choferes independientes quienes conservan intacto su derecho al estímulo. El recorte impacta de manera exclusiva a un grupo selecto de aproximadamente 170 grandes empresas de transporte que concentran grandes volúmenes de ingresos en el país. El ajuste, entonces, se presenta como una medida de justicia distributiva donde las empresas con mayores ganancias deben pagar sus impuestos completos, manteniendo a salvo la economía de los pequeños transportistas. Cabe mencionar que la reunión con representantes de los gremios afectados tendrán hoy una mesa de diálogo a partir de las 11:00 horas.