Rentas justas o promesas en el aire… MORENA busca firmas, pero ¿la ley podrá frenar los abusos?

¡Que pagar la renta no signifique quedarse sin dinero para vivir! MORENA en la Ciudad de México puso en marcha la campaña #NadieSinTecho, con la que busca reunir firmas para respaldar la Ley de Rentas Justas impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. La propuesta pretende frenar incrementos abusivos, proteger a los inquilinos y evitar que el encarecimiento de la vivienda termine expulsando a las familias de sus propias colonias.

El dirigente del partido en la capital, Paulo García González, anunció que las firmas se recabarán en espacios públicos, centros de estudio y lugares de trabajo, además de una plataforma digital. Por su parte, el diputado Ángel Tamariz informó que la iniciativa será discutida mediante Parlamento Abierto. Sin embargo, la verdadera prueba no será cuántas firmas consigan, sino qué tan efectiva resulte la ley para quienes hoy tienen dificultades para pagar un hogar.

La propuesta contempla sanciones por aumentos indebidos, contratos escritos, un registro digital de arrendamientos y una defensoría especializada para orientar y proteger a los inquilinos. Pero existe un detalle importante: desde 2024, el Código Civil capitalino ya establece que los incrementos anuales de renta no pueden superar la inflación, disposición cuya constitucionalidad confirmó la Suprema Corte en febrero de 2026.

Entonces, ¿qué cambiaría? La iniciativa de Brugada busca extender esa protección incluso cuando cambia el inquilino y fortalecer los mecanismos para hacerla cumplir. La pregunta es inevitable: si el límite ya existe, ¿qué garantizará que las nuevas herramientas funcionen donde las anteriores no han sido suficientes?

La regulación también enfrenta cuestionamientos. En declaraciones publicadas por El Economista el 17 de abril de 2026, Carlos Serrano, economista jefe de BBVA México, advirtió que limitar las rentas podría desincentivar la inversión inmobiliaria y reducir la disponibilidad de viviendas en alquiler.

Por su parte, Alberto Halabe, entonces representante del Comité de Vivienda en Renta de Canadevi, señaló desde agosto de 2024 que estas restricciones deben acompañarse de incentivos para construir más viviendas, como descuentos en el predial y trámites más ágiles. En contraste, organizaciones defensoras de inquilinos han solicitado mayores garantías frente a desalojos y reglas claras para evitar abusos.

El desafío del Congreso será encontrar un equilibrio y proteger a quienes rentan sin desalentar la construcción ni reducir las opciones habitacionales. Porque limitar los aumentos no significa necesariamente volver accesibles los precios iniciales; una familia que no puede pagar 18,000 pesos mensuales difícilmente encontrará alivio únicamente porque el siguiente incremento esté sujeto a la inflación.

El Gobierno capitalino contempla 200,000 acciones de vivienda hacia 2030, de las cuales 80,000 corresponden a nuevas unidades habitacionales y 120,000 a mejoramientos y ampliaciones. Aunque la meta busca atender el rezago, no todas estas acciones aumentarán la cantidad de viviendas disponibles para rentar. Por ello, será fundamental conocer cuántos inmuebles nuevos serán realmente asequibles y qué familias podrán acceder a ellos.

La iniciativa también plantea mecanismos para vigilar los precios y atender conflictos entre propietarios e inquilinos. Sin embargo, harán falta presupuesto, supervisión y resultados medibles para determinar si la regulación consigue frenar abusos sin generar nuevos obstáculos en el mercado de alquiler.

El debate no debería reducirse a estar a favor o en contra de Clara Brugada ni a contabilizar las firmas que consiga MORENA. La verdadera pregunta es si una familia podrá seguir viviendo en la colonia donde creció sin destinar la mayor parte de sus ingresos a pagar un techo. Ahora corresponde al Congreso demostrar que la iniciativa puede traducirse en soluciones, con reglas aplicables y mecanismos de vigilancia efectivos.

Porque una renta justa no se consigue solamente con buenas intenciones, sino cuando se logra que las familias pueden pagarla y la ley los proteja.