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La Suprema Corte rechazó recursos de empresarios investigados por presunto contrabando de combustible y permitió que el SAT continúe su disputa judicial.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un nuevo giro a uno de los casos más grandes de presunto huachicol fiscal en México, luego de que este lunes 26 de octubre, el máximo tribunal rechazó recursos promovidos por empresarios relacionados con el presunto contrabando de 21.5 millones de litros de diésel, con lo que dejó abierta la batalla legal del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Los recursos fueron promovidos por Édgar Marín Meza Moreno y Mario Alberto Guijarro Tamayo, vinculados a las empresas Impulsora de Productos Sustentables y Dersa Oil & Gas. Ambos buscaban frenar los amparos del SAT, presentados después de que un tribunal de Veracruz dejara sin efecto decisiones que permitían continuar los procesos penales relacionados con el combustible investigado.
El conflicto comenzó por una operación marítima de 2019, cuando un buque ingresó aproximadamente 28.7 millones de litros de diésel al país, aunque únicamente se declararon 7.2 millones ante las autoridades aduaneras. La Fiscalía General de la República (FGR) estima que la operación pudo ocasionar un perjuicio de 173 millones de pesos al erario, cifra que todavía no constituye una condena judicial definitiva.
La resolución de la Corte no determina la culpabilidad de los empresarios ni resuelve el fondo del presunto contrabando, sin embargo, ahora corresponderá a un Tribunal Colegiado determinar si el SAT tiene facultades para representar a Hacienda en el caso. Por lo pronto, la disputa judicial continúa y el expediente del combustible sigue abierto.
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