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Lucha contra las uniones infantiles llega a 92 municipios
La Secretaría de las Mujeres reportó más de 11 mil niñas y adolescentes alcanzadas por una estrategia de prevención, mientras el gobierno federal busca frenar los matrimonios forzados y la violencia sexual infantil.
A los 10 años, una niña debería tener tiempo para jugar, estudiar y descubrir el mundo, no enfrentar las responsabilidades de una unión de pareja. En México, las uniones infantiles continúan siendo un problema de protección de derechos, por lo que el gobierno federal puso en marcha una estrategia que, de acuerdo con el reporte oficial más reciente de la Secretaría de las Mujeres, publicado el 11 de octubre de 2026, ha alcanzado a más de 11,913 niñas y adolescentes en 92 municipios prioritarios del país.
La dependencia, encabezada por Laura Itzel Castillo Juárez, informó que la estrategia Niñas y Adolescentes Libres y Seguras ha realizado más de 21,000 acciones y servicios relacionados con la prevención del embarazo infantil, la violencia sexual y las uniones tempranas. Un equipo de 279 promotoras y brigadistas trabajan en municipios de 29 entidades federativas mediante visitas domiciliarias, actividades escolares y encuentros comunitarios, incluso en lenguas originarias.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha identificado las uniones infantiles como uno de los problemas que requieren atención prioritaria. El 5 de agosto de 2025, durante una reunión del Grupo Interinstitucional de Prevención del Embarazo en Adolescentes, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó la urgencia de terminar con los matrimonios arreglados y sancionar a quienes obligan a niñas y adolescentes a vivir en pareja antes de cumplir 18 años.
La estrategia federal busca atender tanto las consecuencias como los factores que mantienen estas prácticas. En comunidades de Guerrero y Chiapas, las brigadistas llevan información sobre derechos, prevención de violencia y protección infantil directamente a las familias. La Secretaría de las Mujeres también promueve acciones para evitar que las niñas abandonen sus estudios o enfrenten embarazos a edades tempranas.
La titular de la dependencia, Laura Itzel Castillo Juárez, destacó que la información preventiva debe llegar a las comunidades más alejadas y recordó que las niñas tienen derecho a crecer libres de violencia, estudiar y decidir sobre su futuro. El programa combina actividades de orientación, acompañamiento y participación comunitaria para identificar situaciones de riesgo y acercar a las instituciones a quienes necesitan protección.
La legislación mexicana establece los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio. Sin embargo, las uniones informales y forzadas representan un desafío adicional porque no siempre quedan registradas ante las autoridades civiles. La tarea no termina con prohibir el matrimonio infantil: también implica garantizar que ninguna niña tenga que abandonar su infancia para asumir una vida de pareja.