La delincuencia no conoce fronteras

Un delincuente puede cometer un robo en la Ciudad de México y escapar hacia el Estado de México en cuestión de minutos. Aunque ambas entidades comparten una extensa zona urbana, sus sistemas de vigilancia y corporaciones policiales operan bajo distintas administraciones. Para enfrentar este desafío, los dos gobiernos acordaron avanzar en la creación de un C5 Metropolitano.

La iniciativa contempla interconectar, en una primera etapa, 6,590 cámaras de videovigilancia distribuidas a lo largo de aproximadamente 200 kilómetros de límites territoriales, con cobertura en diez municipios mexiquenses y nueve alcaldías capitalinas. El proyecto permitirá que los centros de comando de ambas entidades compartan imágenes en tiempo real dentro de una franja de un kilómetro hacia el interior de cada territorio. Esto facilitará el seguimiento de incidentes que comiencen en una jurisdicción y continúen en otra. La propuesta fue presentada en agosto por la jefa de gobierno, Clara Brugada, durante una reunión del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México y respaldada por la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez.

El 26 de octubre, representantes de ambos C5 sostuvieron una reunión técnica para definir los alcances de la interconexión. Salvador Guerrero Chiprés, coordinador del C5 capitalino, y Hugo Ulises Barajas Durán, titular del centro mexiquense, participaron en los trabajos para establecer mecanismos de colaboración. Uno de los acuerdos contempla homologar los sistemas de alertamiento relacionados con 93 delitos, entre ellos homicidio doloso, extorsión y fraude. La intención es que ambas instituciones compartan información bajo criterios comunes y puedan dar seguimiento a incidentes que involucren a los dos territorios.

Actualmente, los centros de vigilancia cuentan con infraestructura propia para monitorear calles, avenidas y espacios públicos. Sin embargo, la existencia de cámaras no garantiza por sí sola una respuesta policial coordinada cuando los hechos delictivos atraviesan los límites estatales. Por ejemplo, si un vehículo involucrado en un robo es detectado en una alcaldía capitalina y posteriormente ingresa a un municipio mexiquense, la interconexión permitiría facilitar su seguimiento visual. La intervención policial, no obstante, seguiría dependiendo de las autoridades competentes y sus protocolos operativos.

El proyecto representa un avance hacia una estrategia metropolitana de seguridad, pero todavía existen cuestionamientos pendientes. Entre ellos se encuentran la fecha de entrada en operación, los tiempos de respuesta, los mecanismos para solicitar apoyo entre corporaciones y los procedimientos para compartir información. Tampoco se han detallado públicamente los indicadores con los que se evaluará la efectividad del sistema. Conocer cuántos incidentes reciben seguimiento conjunto, cuántas intervenciones se realizan y cuáles son sus resultados permitiría determinar si la coordinación produce mejoras concretas.

Otro desafío será garantizar que la información obtenida mediante las cámaras pueda utilizarse oportunamente en investigaciones, respetando las atribuciones de las fiscalías y las disposiciones sobre protección de datos personales. La colaboración también deberá extenderse más allá de la videovigilancia. Los operativos policiales conjuntos, el intercambio de información sobre vehículos robados y la coordinación ante emergencias son componentes necesarios para que el nuevo sistema tenga resultados.

El acuerdo entre Clara Brugada y Delfina Gómez busca superar una de las dificultades históricas de la seguridad metropolitana: la fragmentación administrativa de un territorio donde millones de personas se desplazan diariamente entre ambas entidades. La primera etapa ya tiene definidos sus alcances generales, pero su funcionamiento dependerá de la implementación tecnológica y de los acuerdos operativos entre las instituciones participantes.