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El gobierno estatal reconoce que cuenta con la mitad de los elementos que necesita para reforzar la seguridad de casi 18 millones de habitantes. Reclutamiento, capacitación y mejores condiciones laborales forman parte de los desafíos.
El Estado de México enfrenta un déficit de aproximadamente 16 mil policías estatales, una carencia que limita la capacidad de vigilancia en la entidad más poblada del país y representa uno de los principales desafíos de seguridad para la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
Durante su comparecencia ante el Congreso mexiquense, el secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, reconoció que actualmente existen alrededor de 16 mil policías operativos estatales, cuando se requieren aproximadamente 32 mil para alcanzar la cobertura considerada necesaria por la dependencia. El cálculo toma como referencia una proporción de 1.8 policías por cada mil habitantes, utilizada en el Modelo Óptimo de la Función Policial. Esto significa que la fuerza operativa estatal disponible equivale aproximadamente a la mitad de la meta planteada.
La cifra no incluye a todos los policías municipales y federales que participan en labores de seguridad dentro del territorio mexiquense. Se refiere específicamente a la necesidad de fortalecer la corporación estatal. El problema adquiere una dimensión particular por las características del Estado de México, que cuenta con 125 municipios y una población cercana a los 18 millones de habitantes, distribuida entre grandes zonas metropolitanas, comunidades rurales y regiones de difícil acceso. Mientras municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan y Tlalnepantla presentan necesidades de vigilancia propias de grandes concentraciones urbanas, en el sur de la entidad existen extensiones territoriales donde los desplazamientos policiales representan un desafío adicional.
Durante la comparecencia, legisladores solicitaron información sobre las estrategias para proteger las carreteras y las rutas agrícolas, ganaderas, comerciales y turísticas, particularmente en municipios del sur mexiquense. También pidieron precisar cuántos policías permanecen realmente en funciones después de considerar jubilaciones, renuncias, bajas administrativas y personal que realiza actividades distintas a la vigilancia.
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Para enfrentar esta situación, el gobierno estatal ha impulsado acciones de reclutamiento y formación de nuevos elementos, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Universidad Mexiquense de Seguridad. De acuerdo con las cifras presentadas por Castañeda Camarillo, se han incorporado más de mil elementos a las tareas de seguridad, mientras que la expectativa para el cierre de 2026 es superar las mil 300 incorporaciones entre policías de distintas especialidades y custodios penitenciarios.
Entre los nuevos integrantes se encuentran elementos capacitados con apoyo de la Defensa Nacional, como parte de la estrategia para ampliar y profesionalizar las corporaciones. Sin embargo, incluso si se concreta esa meta, la cantidad de incorporaciones sería insuficiente para cubrir en el corto plazo una diferencia estimada de 16 mil policías. Además, el crecimiento efectivo dependerá de cuántos agentes permanezcan en servicio y cuántos abandonen la institución.
La contratación de más personal tampoco constituye la única solución. Especialistas en seguridad pública han señalado la importancia de fortalecer la capacitación, los controles de confianza, la investigación policial y las condiciones laborales para mejorar la eficacia de las corporaciones. En ese sentido, durante la comparecencia también se abordó la necesidad de mejorar los salarios de los elementos y reforzar los mecanismos para impedir la infiltración de organizaciones criminales en las instituciones de seguridad.
El gobierno mexiquense reportó, además, una inversión superior a 491 millones de pesos destinada al fortalecimiento de las capacidades de seguridad, que incluye equipamiento y vehículos especializados. Entre las adquisiciones se encuentran nueve camionetas blindadas y un helicóptero Black Hawk, destinado a mejorar la capacidad de despliegue en regiones estratégicas, particularmente en el sur del estado.
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Pese a las limitaciones de personal, la Secretaría de Seguridad presentó indicadores de reducción delictiva. Según los datos expuestos por su titular, las defunciones por homicidio disminuyeron 21.8 por ciento entre 2024 y 2025, mientras que la tasa de incidencia delictiva se redujo 15.5 por ciento en ese periodo. También reportó una disminución de 30.74 por ciento en la tasa de robo total de vehículos entre 2023 y 2025, aunque estos resultados no eliminan la necesidad de ampliar la presencia policial.
Uno de los pendientes consiste en establecer una estrategia de crecimiento sostenido que permita incorporar nuevos agentes sin descuidar su formación, evaluación y permanencia. Otro desafío es fortalecer la coordinación entre la policía estatal, las corporaciones municipales, la Guardia Nacional y las autoridades federales, especialmente en las zonas metropolitanas donde los delitos pueden extenderse entre municipios y entidades vecinas.
También resulta necesario evaluar la distribución territorial de los elementos disponibles, los tiempos de respuesta ante emergencias y la cobertura de patrullajes, para determinar dónde se requieren mayores refuerzos. El reconocimiento del déficit coloca sobre la mesa una tarea que va más allá de incrementar las contrataciones: construir una corporación suficiente, profesional y capaz de responder a las necesidades de seguridad de la población. Por ahora, el Estado de México mantiene una brecha de aproximadamente 16 mil policías estatales respecto de su meta operativa. Reducirla dependerá de la continuidad del reclutamiento, los recursos presupuestales y la capacidad institucional para conservar y profesionalizar a sus elementos.