Nueva riña en penal de Mazatlán: suman 12 muertos

CLAUDIA LLACA

Apenas 24 horas después la violencia volvió a estallar este viernes 9 de octubre, en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa. Ayer un niño de apenas dos años murió durante una riña armada que se suscitó dentro del centro penitenciario mientras visitaba a un familiar interno. La balacera, registrada hacia las 10:30 horas dejó además a nueve internos sin vida y 16 heridos. El día de hoy una nueva riña cobró la vida de otros dos internos, elevando a 12 el número de fallecidos en menos de 48 horas.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que el segundo enfrentamiento ocurrió al interior de uno de los módulos del penal. El Grupo Interinstitucional implementó un operativo para controlar la situación y garantizar la seguridad del resto de los internos, así como del personal operativo y administrativo. La dependencia aseguró que el resto de la población penitenciaria se encuentra bien y que las autoridades mantienen presencia dentro y fuera del centro para preservar el orden. La fiscalía general del estado fue notificada para iniciar las investigaciones correspondientes, mientras los trabajadores sociales del penal establecerán comunicación con los familiares de las dos víctimas. Hasta el momento no se han dado a conocer las circunstancias que provocaron esta segunda riña ni si existe alguna relación con el enfrentamiento del jueves.

¿El objetivo era un integrante de Los Chapitos?

Mientras se investigan los nuevos hechos, surgió información sobre el posible motivo de la balacera del jueves 8 de octubre. De acuerdo con una investigación publicada hace unos momentos por El Financiero, el objetivo del ataque habría sido Eduardo Jonathan Martínez Larios, alias “El Owen”, identificado como presunto integrante de una célula criminal vinculada con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.

Martínez Larios, quien figura entre las personas fallecidas, pertenecía al grupo conocido como Los Hermanos Martínez, con presencia en distintos municipios del sur de Sinaloa. También fue identificado como hermano de Óscar Luciano Martínez Larios, alias “El Casco” o “El 81”, señalado como presunto operador regional de esa organización. Esta versión todavía no ha sido confirmada por las autoridades y tampoco se ha establecido si el presunto ataque contra “El Owen” tiene alguna relación con la nueva riña.

Un niño de dos años, entre las víctimas del jueves

De acuerdo con los reportes difundidos, el día de ayer las detonaciones se registraron inicialmente en el módulo cuatro y posteriormente en el módulo cinco del centro penitenciario. El enfrentamiento provocó la movilización de elementos del ejército, la Guardia Nacional y corporaciones estatales, que ingresaron al penal para restablecer el orden. Mientras tanto, familiares de los internos se concentraron en el exterior del penal tratando de conseguir información sobre sus seres queridos.

Al ser cuestionada sobre el suceso, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó durante su conferencia mañanera de hoy, viernes 9 de octubre, que el Gabinete de Seguridad ya toma acciones en coordinación con las autoridades de Sinaloa para reforzar el sistema penitenciario del estado. También señaló que las familias de las víctimas recibirán el acompañamiento pertinente, como una obligación del sistema penitenciario.

Entre las personas que perdieron la vida el jueves, el menor de dos años fue el único que no era interno del penal, según el balance oficial. Los 16 lesionados también eran personas privadas de la libertad y fueron trasladados para recibir atención médica. Hasta el momento, no se han determinado responsabilidades individuales por las muertes.

Tras el despliegue de las fuerzas de seguridad, las autoridades reportaron que el penal había quedado bajo control y ordenaron la suspensión de las visitas como medida preventiva. Sin embargo, menos de un día después ocurrió el segundo enfrentamiento.

¿Quién dejó entrar las armas?

Si bien las riñas entre internos no son un fenómeno desconocido dentro de los centros penitenciarios, la presencia de armas de fuego no debería serlo. Uno de los hallazgos más preocupantes del enfrentamiento del jueves fue la localización de por lo menos dos armas cortas calibre nueve milímetros, presuntamente utilizadas durante la balacera.

Aunque desde hace años existen señalamientos sobre el ingreso clandestino de artículos prohibidos, como teléfonos celulares, a los centros penitenciarios, la existencia de armas de fuego plantea interrogantes mucho más graves sobre los mecanismos de inspección, vigilancia y control, y por supuesto dispara alarmas sobre posibles actos de corrupción de las autoridades.

¿Las armas fueron ingresadas por algún visitante? ¿Fueron introducidas ese mismo día o con anterioridad? ¿Existieron fallas en las revisiones o participó personal del penal? ¿Por qué no se realizó un cateo exhaustivo para verificar la presencia de más armas?

Por ahora, ninguna de estas posibilidades ha sido acreditada oficialmente, por lo que corresponderá a las investigaciones determinar cómo llegaron las armas al interior del centro penitenciario y quiénes son responsables. Con todo, la presencia de un menor de edad entre las víctimas añade otra dimensión al caso: la seguridad de las familias que acuden a visitar a personas privadas de la libertad y que, durante esas jornadas, quedan sujetas a las condiciones de vigilancia del centro.