Multarán el acoso telefónico 

Contestar el teléfono y descubrir que nuevamente se trata de una oferta bancaria, un seguro o una promoción comercial que nadie solicitó es una experiencia cotidiana para miles de mexicanos. Sin embargo, esta práctica podrá tener pronto consecuencias económicas para las compañías que insistan en contactar a los consumidores sin su consentimiento. El Senado de la República aprobó ayer, 7 de octubre, una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor que busca combatir el llamado acoso telefónico comercial, mediante sanciones que van de los 56 mil 570 pesos a los 2 millones 345 mil 728 pesos, dependiendo de la infracción.

La propuesta, impulsada por la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del PAN, plantea modificar los artículos 18 Bis y 127 de dicha legislación para fortalecer la protección de los usuarios frente a las estrategias publicitarias invasivas. Y es que el problema va más allá de recibir una llamada ocasional. Muchas personas reportan comunicaciones constantes, incluso después de rechazar ofertas o solicitar que sus números sean retirados de las bases de datos comerciales.

De acuerdo con información de la aplicación Truecaller citada durante el proceso legislativo, México figura entre los países con mayor incidencia de llamadas no deseadas, con un promedio de entre 20 y 25 contactos publicitarios por usuario al mes. La reforma pretende establecer límites más claros a las compañías que recurren al teléfono, mensajes de texto, correos electrónicos y otros canales de comunicación para promocionar productos y servicios sin autorización.

Uno de los aspectos relevantes es que las empresas no podrían deslindarse de responsabilidad cuando las campañas sean realizadas por terceros contratados para realizar las llamadas. Aunque actualmente existe el Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP), administrado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), las llamadas comerciales continúan siendo motivo de inconformidad entre los usuarios.

Para los servicios financieros también existe el Registro Público de Usuarios (REUS), a cargo de la CONDUSEF, que permite solicitar la exclusión de determinadas campañas publicitarias. La discusión legislativa también puso sobre la mesa los riesgos relacionados con el uso de datos personales, pues las comunicaciones de números desconocidos pueden facilitar intentos de fraude y suplantación de identidad. La iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Senado y enviada a la Cámara de Diputados para continuar su análisis. Por lo tanto, las nuevas sanciones todavía no están vigentes. Su aplicación dependerá de que concluya el proceso legislativo correspondiente. De aprobarse definitivamente, la medida buscará que los consumidores puedan ejercer su derecho a rechazar publicidad sin tener que repetirlo cada vez que suena el teléfono.