Despojo de viviendas en CDMX: un problema que pone a prueba al gobierno de Clara Brugada.

El despojo de viviendas en la Ciudad de México ya trascendió la nota policiaca ocasional para ocupar los titulares, al ser un problema que involucra seguridad, justicia y responsabilidad institucional. Es por eso que hoy se erige como uno de los mayores retos políticos y judiciales que enfrenta el gobierno de Clara Brugada en la Ciudad de México. La dimensión del problema ha obligado incluso al Congreso capitalino a reforzar las estrategias legales necesarias para enfrentar un delito que involucra desde conflictos familiares y presuntos actos de corrupción, hasta invasiones violentas y simulación de actos jurídicos.

Al 23 de agosto se habían abierto 2 mil 285 carpetas de investigación por despojo en la Ciudad de México, tan sólo durante los primeros ocho meses de 2026. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, esgrime el argumento de que el delito no ha escalado desde 2019 y que registra un promedio sostenido de entre 10 y 11 casos diarios, sin embargo lo importante no es que el delito no se haya incrementado sino que siga sucediendo y que diariamente aparezcan nuevas víctimas.

Así, mientras la ciudadanía reclama resultados, el pasado 5 de agosto el gobierno de Clara Brugada decidió reforzar las acciones contra el despojo de vivienda a través de una estrategia que se centra en acelerar la recuperación de los inmuebles, siempre y cuando existan elementos suficientes para acreditar la propiedad y la comisión del delito. Con todo, es la posible participación de funcionarios, notarios u otras personas con acceso a información registral lo que se erige como uno de los aspectos políticamente más delicados del problema. 

El Congreso capitalino también ha tomado cartas en el asunto. En noviembre del año pasado se aprobaron reformas para endurecer las sanciones por despojo de vivienda, como aumentar las penas y los mecanismos de operación ligados a la comisión del delito, además de contemplar sanciones agravadas cuando las víctimas son personas mayores de 60 años, personas con discapacidad, menores de edad, mujeres embarazadas o integrantes de comunidades indígenas.

El asunto es que más allá de las cifras y de la disputa política, el despojo tiene una dimensión patrimonial y social que explica por qué el tema ha adquirido tanta fuerza. Y es que para la gran mayoría de las familias, una vivienda representa su principal patrimonio, por lo que el verdadero reto para el gobierno de Clara Brugada y el Congreso capitalino es hacer lo necesario para que las víctimas puedan recuperar sus inmuebles. Sin duda es bueno que se están tomando las medidas pertinentes, pero aún deben demostrar su eficacia. Porque lo más importante para una persona que ha sido despojada de su vivienda no es cuántas carpetas abrió la Fiscalía ni cuántas personas fueron detenidas, sino obtener justicia.

El verdadero desafío político que enfrentan Clara Brugada, la Fiscalía, el Congreso y los 16 alcaldes de la Ciudad de México es convertir estas reformas en resultados tangibles para las víctimas. Porque detrás de cada carpeta de investigación hay un patrimonio en disputa y detrás de cada vivienda despojada, una familia que espera que el Estado sea capaz de devolvérsela.

CLAUDIA LLACA