Caso Ayotzinapa: amplían investigación contra médicos del SEMEFO 

El pasado viernes 2 de octubre, un juez de control en Guerrero otorgó al Ministerio Público una prórroga de tres meses para el cierre de la investigación complementaria contra médicos vinculados al SEMEFO de Iguala y otras personas investigadas dentro del caso Ayotzinapa, de acuerdo con información reportada por Milenio Noticias.

La ampliación ocurre en medio de una nueva línea de investigación que ha colocado al SEMEFO de Iguala y a las funerarias de la familia Rueda en el centro de las pesquisas por la desaparición de los 43 normalistas. Autoridades federales informaron recientemente que durante cateos practicados en esos inmuebles, fueron localizados restos óseos, documentación oficial sin llenar y un crematorio sin registro, además de indicios que son analizados dentro de la investigación. 

El titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán, explicó el 28 de septiembre que el análisis de comunicaciones permitió reconstruir vínculos entre integrantes de Guerreros Unidos, servidores públicos y personas relacionadas con funerarias de Iguala. Las autoridades sostienen que esa línea aún se encuentra en investigación y que los hallazgos deben ser sometidos a análisis pericial.

Familia del médico Valladares rechaza que sea responsabilizado

En paralelo, la familia del médico forense Julio César Valladares Baranda, detenido este año y vinculado al SEMEFO de Iguala, ha rechazado los señalamientos en su contra. En una entrevista publicada por La Jornada el 27 de septiembre y realizada en Iguala, Guerrero, la esposa y otros familiares del médico sostuvieron que Valladares continuó trabajando y colaborando con las autoridades durante los años posteriores a la desaparición de los 43 normalistas.

La esposa relató que la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 acompañó al médico al SEMEFO después de que éste recibió información de que podían llegar varios cuerpos. Cuando arribaron, aseguró, ya había presencia de autoridades, personal ministerial, peritos, militares y periodistas. La familia sostiene que el trabajo forense realizado entonces no puede, por sí solo, convertirse en prueba de participación en la desaparición de los estudiantes y afirma que no existe, desde su perspectiva y con base en la información del expediente que conocen, un elemento científico que ubique directamente al médico en la desaparición de los jóvenes. 

También han insistido en que buscan que se esclarezcan los hechos y que las responsabilidades se determinen con pruebas, no a partir de señalamientos generales contra quienes trabajaban en el lugar. La familia considera que la historia de los 43 no debe construirse a partir de personas utilizadas como responsables sin que exista evidencia suficiente y ha pedido que la investigación permita determinar con precisión qué ocurrió en las instalaciones forenses de Iguala durante aquellos días.

Una línea que todavía debe probarse

La nueva investigación federal apunta a posibles irregularidades en funerarias y en el Servicio Médico Forense de Iguala, pero esa hipótesis todavía debe ser acreditada judicialmente. Las autoridades sostienen que los hallazgos recientes y el análisis de comunicaciones abrieron líneas que no habían sido exploradas a profundidad. Las defensas y familiares de algunos de los detenidos, en cambio, cuestionan que esos elementos sean suficientes para atribuir responsabilidad penal. Con la ampliación del plazo de investigación, el Ministerio Público tendrá ahora más tiempo para integrar peritajes, testimonios y demás pruebas que permitan definir si existen elementos suficientes para avanzar contra los médicos y demás personas vinculadas al caso.