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Aunque más de un centenar de trabajadores fueron detenidos, solamente uno enfrenta cargos federales, lo que ha generado cuestionamientos por posibles irregularidades migratorias.
Más de 120 tripulantes de 25 cruceros fueron detenidos durante los últimos meses en el puerto de Boston, Massachusetts, como parte de una investigación federal estadounidense sobre presunta posesión y distribución de material de abuso sexual infantil. El operativo, denominado Operación Maremoto, fue encabezado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). El operativo también se extendió a los puertos de San Diego en California y San Juan, Puerto Rico.
La investigación de The Boston Globe señala que la mayoría de los detenidos eran trabajadores extranjeros cuyos teléfonos celulares fueron revisados durante los procedimientos de inspección. Tras ser interrogados, a muchos les fueron retirados sus permisos de desembarque condicional, documento que les permitía abandonar temporalmente los barcos mientras permanecían atracados en puertos estadounidenses. Fueron deportados posteriormente.
Con todo, de los más de 120 detenidos en Boston, solamente uno enfrenta un proceso penal federal. Se trata de Bobby Prieto, un ciudadano filipino de 35 años que fue detenido el 24 de septiembre de 2026, cuando el crucero Norwegian Jewel, con capacidad aproximada para 2,300 pasajeros, se preparaba para atracar en el puerto Flynn de Boston. Según The Boston Globe, dos teléfonos celulares pertenecientes al tripulante fueron revisados por agentes federales quienes encontraron más de 1,200 archivos multimedia con contenido de abuso sexual infantil. Durante el interrogatorio, Prieto presuntamente admitió que aparecía en uno de los videos agrediendo sexualmente a una niña. Esta declaración forma parte de los señalamientos presentados por las autoridades ante el tribunal federal y todavía debe ser valorada dentro del proceso judicial. Las autoridades explicaron que su identificación fue posible después de recibir alrededor de 75 reportes relacionados con él y que les fueron canalizados mediante sistemas especializados en denuncias sobre explotación sexual infantil.
Con todo, el hecho de que sólo uno entre 120 haya resultado realmente culpable ya ha hecho sonar algunas alarmas. La Operación Maremoto ha generado cuestionamientos entre activistas y representantes de Filipinas, país del que proceden numerosos trabajadores de la industria internacional de cruceros. Según The Boston Globe, existen dudas sobre los criterios utilizados para detener y deportar a algunos tripulantes, particularmente cuando las inspecciones no derivaron en cargos penales. Los críticos consideran necesario esclarecer si las medidas respondieron a pruebas suficientes de posibles delitos o si algunos trabajadores fueron afectados por la política migratoria de la administración del presidente Donald Trump.
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La diferencia entre una detención migratoria y una acusación penal es relevante: la revocación de un permiso de desembarque o una deportación no equivalen a una condena por explotación sexual infantil. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer un desglose público que permita determinar cuántos de los trabajadores detenidos estaban efectivamente relacionados con material de abuso sexual infantil.