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Nación
Una iniciativa de México y Uruguay busca proteger a quienes reciben tratamiento por adicciones, mientras casos de violencia y cifras oficiales revelan los desafíos que enfrentan estos espacios de atención.
Imagen: E-consulta CDMX
Superar una adicción puede significar recuperar la salud, reconstruir vínculos familiares y encontrar una nueva oportunidad de vida. Sin embargo, para algunas personas, el lugar al que acudieron en busca de ayuda terminó convirtiéndose en un escenario de violencia. Ante las denuncias de maltrato, encierros forzados y discriminación en determinados centros de rehabilitación, México y Uruguay impulsan una iniciativa para fortalecer la vigilancia de estos establecimientos y garantizar tratamientos que respeten los derechos humanos.
El próximo 10 de noviembre, la Ciudad de México será sede de la presentación de las Salvaguardas para el monitoreo de centros de tratamiento de adicciones en América Latina, una herramienta que busca establecer criterios de supervisión para prevenir abusos y detectar prácticas que pongan en riesgo a las personas internas. El proyecto forma parte de la colaboración binacional: Construir servicios de salud mental y adicciones libres de violencia y discriminación, confirmada por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay.
La necesidad de contar con espacios de tratamiento seguros cobra relevancia frente a las cifras nacionales. La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025, elaborada por instituciones de la Secretaría de Salud, estimó que 566,945 personas de entre 12 y 65 años presentaban dependencia a drogas, equivalentes al 0.6% de la población en ese rango de edad. La misma encuesta identificó que el 1.8% cumplía con criterios de dependencia al alcohol.
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Entre quienes presentaban dependencia a drogas, únicamente el 6.8% reportó haber recibido tratamiento durante el último año, mientras que entre las personas con dependencia al alcohol la proporción fue del 13.5%. Estas cifras reflejan una brecha de atención que vuelve indispensable contar con servicios accesibles, profesionales y confiables, capaces de acompañar procesos de recuperación sin recurrir a castigos ni vulnerar la dignidad de los pacientes.
En cuanto a los establecimientos, el directorio nacional de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA), actualizado en mayo de 2025 y consultado como referencia oficial disponible en 2026, registra 227 centros residenciales reconocidos en el país, de los cuales 10 se encuentran en la Ciudad de México y 28 en el Estado de México. Sin embargo, esta cifra no representa a los anexos o establecimientos que funcionan en territorio nacional, sino únicamente a aquellos incluidos en ese padrón de reconocimiento.
Uno de los episodios más graves se registró en Chimalhuacán, Estado de México, donde un hombre murió en mayo de 2026 mientras permanecía internado en un centro de rehabilitación de la colonia Jardines de San Agustín. De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el responsable del inmueble sostuvo inicialmente que el paciente había sufrido una caída mientras se bañaba; sin embargo, las investigaciones apuntaron a presuntas agresiones cometidas días antes de su fallecimiento.
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Según las indagatorias, el hombre habría sido golpeado el 23 de mayo y nuevamente agredido el día 27. Los presuntos responsables también habrían obligado a otros internos a sujetarlo de pies y manos antes de trasladarlo a la enfermería, donde se descubrió que ya no presentaba signos vitales. La Fiscalía detuvo a dos hombres identificados como Luis Enrique «N» y Juan Carlos «N» para investigar su posible responsabilidad, mientras que el inmueble fue asegurado tras detectarse condiciones de riesgo para sus ocupantes.
La FGJEM informó que, entre el 1 de junio de 2025 y el 22 de marzo de 2026, se iniciaron 152 carpetas de investigación por delitos relacionados con inmuebles utilizados como anexos. Durante ese periodo, las autoridades revisaron 94 establecimientos y aseguraron 53 por su presunta relación con actividades ilícitas. Entre las conductas investigadas figuran homicidios, privaciones ilegales de la libertad, lesiones y otras formas de violencia contra las personas internas.
Pese a estos antecedentes, los centros de tratamiento cumplen una función importante en la atención de las adicciones. Cuando cuentan con personal capacitado, servicios adecuados y seguimiento profesional, pueden contribuir a reducir los daños asociados al consumo de sustancias, fortalecer la salud emocional y acompañar a las personas en la reconstrucción de sus relaciones familiares y sociales. La propia CONASAMA reconoce la labor de instituciones públicas, privadas y organizaciones civiles, siempre que sus servicios se desarrollen con apego a la evidencia científica y al respeto de los derechos humanos.
La rehabilitación, además, no depende necesariamente del internamiento. Los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (CECOSAMA) ofrecen alternativas de atención ambulatoria con un enfoque centrado en las necesidades de cada persona. Por ello, el desafío no consiste únicamente en supervisar los establecimientos residenciales, sino también en ampliar las posibilidades de recibir ayuda oportuna, accesible y libre de discriminación.
La presentación de las salvaguardas se realizará el 10 de noviembre, de 10:00 a 13:00 horas, en la Sala Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. El encuentro reunirá a representantes del Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones (IASAMA), la organización Documenta, organismos de derechos humanos y especialistas de México y Uruguay, quienes analizarán medidas para mejorar el monitoreo preventivo y las condiciones de atención.
El objetivo es que la protección de los pacientes no dependa únicamente de que exista una denuncia, sino de mecanismos capaces de prevenir situaciones de violencia antes de que ocurran. Porque para quienes enfrentan una adicción y sus familias, encontrar un lugar confiable puede representar el comienzo de una nueva etapa. La rehabilitación debe ofrecer una oportunidad para recuperar la vida, nunca convertirse en una amenaza para perderla.