México apuesta por la IA para la búsqueda de personas desaparecidas

¿Qué tienen en común la inteligencia artificial, los algoritmos utilizados en Estados Unidos y la búsqueda de personas desaparecidas en México? Más de lo que parece. La Secretaría de Gobernación (SEGOB) anunció la incorporación de especialistas nacionales e internacionales que emplearán sus conocimientos científicos para revisar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Entre los participantes destacan investigadores capaces de analizar enormes cantidades de información, identificar coincidencias entre bases de datos y desarrollar modelos de predicción. El objetivo es mejorar las herramientas que utilizan las autoridades para buscar a las personas, aunque todavía no se ha confirmado qué tecnologías específicas se aplicarán en México. 

El anuncio se realizó el miércoles 14 de octubre de 2026, durante una conferencia encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien informó que la Estrategia Nacional de Búsqueda ha permitido localizar a 16 mil 003 personas. La funcionaria explicó que el nuevo grupo independiente, integrado inicialmente por ocho especialistas, revisará las metodologías del registro nacional, identificará deficiencias y propondrá mejoras técnicas, legales y administrativas. La selección contó con el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, mientras se espera la incorporación de una novena especialista.

Los científicos que podrían conectar las piezas

Uno de los perfiles más llamativos es el de Mayank Kejriwal, investigador de la Universidad del Sur de California y director del grupo de Inteligencia Artificial y Sistemas Complejos. Su especialidad son los grafos de conocimiento, una tecnología que permite relacionar información aparentemente desconectada, como nombres, teléfonos, direcciones y otros datos. Kejriwal participó en el desarrollo de un sistema de investigación llamado DIG, utilizado por más de 200 agencias policiales estadounidenses para analizar información relacionada con la trata de personas. Su experiencia abre una posibilidad relevante: explorar cómo herramientas semejantes podrían contribuir a encontrar conexiones útiles en las investigaciones mexicanas.

También participa Zubin Jelveh, profesor de la Universidad de Maryland, adscrito al área de Información y al Departamento de Criminología y Justicia Penal. Su trabajo combina aprendizaje automático, análisis de datos y modelos predictivos aplicados a problemas de seguridad pública. Ha investigado mecanismos para relacionar registros y evaluar riesgos en casos de violencia doméstica y violencia armada. A él se suma Ted Enamorado, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Washington en San Luis, quien desarrolló junto con otros investigadores el programa de código abierto fastLink, diseñado para identificar coincidencias probables entre millones de registros, incluso cuando contienen errores o información incompleta.

La tecnología no sustituye la búsqueda

La importancia de reunir estas especialidades está en uno de los principales desafíos del registro nacional, la calidad y conexión de la información. Una misma persona puede aparecer en distintas bases de datos, con nombres escritos de manera diferente o expedientes incompletos. Los métodos estadísticos y computacionales podrían ayudar a detectar coincidencias que después tendrían que verificar las autoridades. Sin embargo, ni los algoritmos ni la inteligencia artificial pueden confirmar por sí solos el paradero de una persona; sus resultados requieren investigación, comprobación humana y protección de los datos personales de las víctimas y sus familias.

La SEGOB informó que por ahora, el grupo se encuentra en una fase de formalización de acuerdos de colaboración y confidencialidad, lo que implica examinar cómo funciona el registro y recomendar soluciones, no sustituir a las fiscalías, comisiones de búsqueda o colectivos de familiares.  Una apuesta científica que abre una nueva vía de trabajo para el gobierno federal, pero cuya utilidad deberá medirse en resultados verificables: información más confiable, investigaciones mejor coordinadas y mayores posibilidades de localizar a quienes siguen desaparecidos.