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1968 vs. 2026: La evolución de la represión en México
A 58 años de la masacre de Tlatelolco, México no puede afirmar que dejó atrás la violencia. Pero el país de 2026 tampoco es el mismo de 1968: cambiaron las instituciones, las libertades, los medios y, sobre todo, la posibilidad de documentar, denunciar y mostrar aquello que durante décadas se intentó silenciar.
La noche del 2 de octubre de 1968, el Estado mexicano respondió al movimiento estudiantil con una operación represiva en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en la que el ejército y el batallón Olimpia trataron a jóvenes y adolescentes como criminales o invasores extranjeros. Hubo persecución, muertos, heridos, detenciones masivas, tortura. Un crimen perpetrado por el Estado contra sus ciudadanos. El número exacto de víctimas continúa siendo motivo de discusión histórica.
La represión tampoco terminó aquella noche. Durante la llamada Guerra Sucia, México siguió experimentando persecuciones, detenciones arbitrarias, torturas y desaparición de opositores. Décadas después, instituciones del propio Estado han reconocido graves violaciones a los derechos humanos durante ese periodo.
Sería incorrecto afirmar que la represión quedó atrás. Casos posteriores muestran que las fuerzas del Estado continuaron incurriendo en graves violaciones de derechos humanos. Ayotzinapa es uno de los ejemplos más dolorosos. La desaparición de los 43 estudiantes normalistas en 2014 fue también catalogada, en 2022, por la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, como un “crimen de Estado”. El caso sigue sin estar completamente esclarecido y continúan abiertas distintas líneas de investigación.
También está Nochixtlán. En 2016, un operativo policial durante las protestas contra la reforma educativa terminó con víctimas. La CNDH determinó posteriormente que existieron graves violaciones a derechos humanos y cuestionó el diseño, coordinación y ejecución del operativo.
Entonces, ¿ha cambiado? En 1968, México vivía bajo un sistema político dominado durante décadas por un mismo partido, con espacios mucho más reducidos para la oposición, la protesta y la circulación de versiones distintas a la oficial. Hoy existen organismos de derechos humanos, organizaciones civiles, medios nacionales e internacionales, tribunales, colectivos de víctimas y mecanismos jurídicos que permiten investigar y cuestionar públicamente la actuación de las autoridades.
Eso no garantiza justicia ni evita los abusos. Pero sí dificulta que una operación de Estado quede encerrada durante décadas en una sola versión oficial. A esa transformación se suma otra: el teléfono celular. Cualquier ciudadano puede grabar una detención, una agresión policial o una manifestación y difundir las imágenes en segundos. La disputa por la verdad ya no ocurre solamente en oficinas gubernamentales o redacciones. También sucede frente a millones de pantallas.
De Rojo amanecer a las pantallas de 2026
El cine refleja claramente ese cambio. Cuando Jorge Fons realizó Rojo amanecer, protagonizada por Héctor Bonilla y María Rojo, habían pasado más de dos décadas de Tlatelolco. Aun así, la película enfrentó obstáculos para llegar a las salas. Permaneció “enlatada” y sufrió cortes antes de estrenarse comercialmente en 1990.
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La paradoja es poderosa: una película sobre la represión de 1968 terminó enfrentando mecanismos de censura relacionados con el mismo pasado que intentaba contar. Hoy, cineastas, documentalistas, periodistas y plataformas pueden abordar temas como desapariciones, corrupción, Ejército, protestas sociales y abusos de autoridad con una libertad mucho mayor.
Eso no significa que hayan desaparecido las presiones políticas, económicas o institucionales sobre periodistas y artistas. La libertad de expresión continúa enfrentando desafíos. Pero existe una diferencia histórica fundamental.
En 1968, el poder podía intentar controlar la conversación sobre una matanza. En 1990 todavía podía intentar cortar una película que hablaba de ella. En 2026, imágenes, testimonios y denuncias circulan por cines, documentales, medios, teléfonos y redes sociales.
México no terminó con la violencia de Estado. Ayotzinapa y otros casos impiden sostenerlo. Lo que sí cambió fue el silencio. Y quizá esa sea una de las mayores herencias de 1968: 58 años después, el 2 de octubre no solamente no se olvida. También se documenta, se denuncia y se convierte en memoria.