Gobierno CDMX busca sanciones contra caseros abusivos

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó esta semana, ante el Congreso capitalino, la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, que propone nuevas reglas para el arrendamiento de vivienda y sanciones económicas para quienes las incumplan. La medida central establece que las rentas no podrán aumentar anualmente por encima de la inflación del año anterior reportada por el INEGI, incluso cuando el arrendatario no sea el mismo. Esta limitación ya existe en la legislación capitalina desde 2024, pero la nueva propuesta busca reforzar su cumplimiento.

¿Qué cambia para propietarios e inquilinos?

• Multas de hasta $46,924.00 pesos para propietarios que excedan el límite permitido de aumento.
• El arrendador estaría obligado a registrar digitalmente el contrato dentro de los 30 días posteriores a la firma del mismo.
• La vigencia del contrato debe ser de al menos un año.
• No podrá negarse la renta de inmueble a personas que tengan hijos menores de edad o mascotas, ni por motivos de género, edad, orientación sexual u otras características personales.
• Se crearía una Defensoría de Relaciones Inquilinarias para brindar asesoría jurídica gratuita y mecanismos de conciliación.
• Acompañamiento institucional ante desalojos, mediante un gabinete especializado.

La propuesta también contempla permitir aumentos superiores a la inflación cuando el propietario acredite mejoras sustanciales en el inmueble y obtenga autorización de la Defensoría.

El Congreso de la CDMX informó el 15 de octubre que las iniciativas de Brugada serán enviadas a las comisiones correspondientes la próxima semana siguiente para su análisis y posterior votación. El proyecto forma parte de la estrategia del gobierno capitalino para contener la gentrificación y el desplazamiento de habitantes. Sin embargo, especialistas inmobiliarios advierten que una regulación más estricta, sin incentivos para los propietarios ni un aumento suficiente de la oferta habitacional, podría reducir la disponibilidad de viviendas en renta. De aprobarse, la nueva legislación establecerá obligaciones y sanciones adicionales para propietarios e inquilinos, aunque su impacto dependerá de los mecanismos de aplicación y vigilancia.