MORENA va tras Rojo de la Vega por agresiones a colectivos trans

La bancada de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México se comprometió a brindar acompañamiento a colectivos de personas trans y trabajadoras sexuales que denunciaron agresiones durante las protestas realizadas los días 6 y 9 de octubre en la alcaldía Cuauhtémoc, gobernada por Alessandra Rojo de la Vega. El compromiso surgió de una reunión celebrada el jueves 15 de octubre entre la diputada Xóchitl Bravo Espinosa, presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso capitalino y coordinadora parlamentaria de MORENA, y representantes de las organizaciones Lleca, Lupilla Xiu, Transuixxx y Justicia Histórica Trans. Los colectivos acudieron al recinto legislativo de Donceles para exigir justicia por las agresiones que aseguran haber sufrido durante una jornada de salud sexual y una posterior manifestación frente a la sede de la alcaldía.

Durante el encuentro, Xóchitl Bravo presentó seis propuestas para atender las demandas de los colectivos:

1. Solicitar la verificación administrativa del Hotel Maga, en la colonia Obrera, con seguimiento del INVEA, la Contraloría capitalina y la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX.

2. Impulsar una comisión especial en el Congreso capitalino, integrada por representantes de todos los grupos parlamentarios, para revisar las agresiones denunciadas durante la protesta del 9 de octubre.

3. Revisar la legislación sobre seguridad en hoteles, con el propósito de establecer mejores condiciones de protección para las personas que ejercen el trabajo sexual.

4. Exigir transparencia a la alcaldía Cuauhtémoc sobre las reglas de operación y el uso de recursos públicos del programa social de apoyo en materia de salud para personas LGBTQ+.

5. Exhortar a las 16 alcaldías a prevenir actos de violencia, persecución o represión contra personas de la diversidad sexual.

6. Solicitar a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX que investigue con prontitud las denuncias presentadas por personas trans, no binarias, trabajadoras sexuales y periodistas, a fin de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Las medidas fueron presentadas como compromisos de seguimiento institucional. La creación de la comisión especial y las eventuales reformas legales todavía deberán pasar por los procedimientos correspondientes. Durante la reunión también se planteó orientar a las organizaciones sobre las vías legales disponibles para promover una eventual solicitud de juicio político contra la alcaldesa. El planteamiento provocó una respuesta del PAN en el Congreso capitalino, cuya bancada expresó su respaldo a Rojo de la Vega y rechazó que las diferencias políticas justifiquen actos de violencia o intimidación.

El encuentro abrió una ruta de diálogo entre las organizaciones y el poder legislativo, pero las principales exigencias siguen pendientes: esclarecer quiénes participaron en las agresiones, determinar las responsabilidades correspondientes y garantizar condiciones de seguridad para las trabajadoras sexuales y las personas trans.