El Cártel Inmobiliario de Benito Juárez: así surgió la trama que ahora suma 48 predios bajo investigación

El llamado “cártel inmobiliario» comenzó a formar parte de la conversación en 2022, cuando investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) apuntaron hacia una presunta red de corrupción relacionada con funcionarios de la alcaldía Benito Juárez y desarrolladores inmobiliarios. Las pesquisas se concentraron en permisos, manifestaciones de construcción y desarrollos que habrían construido más pisos de los autorizados en determinados inmuebles. La hipótesis investigada por las autoridades señalaba que funcionarios de áreas estratégicas de la entonces delegación Benito Juárez, habrían utilizado sus cargos para facilitar proyectos inmobiliarios irregulares y, en algunos casos, recibido beneficios a cambio. La propia Fiscalía incorporó el caso a su Plan de Política Criminal 2023 y señaló que investigaba a un grupo que aparentemente había operado entre 2006 y 2018.

Una historia de contubernio entre desarrolladores inmobiliarios y funcionarios públicos

Para diciembre de 2022 la dimensión del problema no podía seguirse negando. El gobierno de la Ciudad de México informó entonces que, tras revisar una serie de construcciones realizadas entre 2008 y 2022, había identificado 264 pisos construidos por encima de lo permitido en los respectivos certificados de uso de suelo, distribuidos en 130 inmuebles de la alcaldía Benito Juárez. El gobierno capitalino estimó, en ese momento, que la superficie excedente representaba aproximadamente 7 mil 142 millones de pesos y calificó el fenómeno como una defraudación derivada de la corrupción inmobiliaria.

Afortunadamente, las investigaciones no se limitaron a las constructoras. La fiscalía capitalina comenzó a indagar a exfuncionarios que habían ocupado puestos relacionados con obras, desarrollo urbano, administración y asuntos jurídicos dentro de la alcaldía Benito Juárez. Entre los nombres que aparecieron en diferentes expedientes estuvieron Luis Vizcaíno Carmona, ex director general Jurídico y de Gobierno; Nicias René Aridjis Vázquez, ex director general de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos. Ambos fueron condenados a penas de prisión mediante procedimientos abreviados por enriquecimiento ilícito y actualmente enfrentan resoluciones de amparo y prisión domiciliaria. Posteriormente le llegó el turno de rendir cuentas al panista Christian von Roehrich, jefe delegacional de Benito Juárez entre 2015 y 2018, quien continúa en prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. 

Tras investigar a profundidad cómo operaba el desarrollo inmobiliario en una de las zonas con mayor valor del suelo de la Ciudad de México, las autoridades descubrieron edificios que tenían más pisos o departamentos que los autorizados, lo que los llevó a indagar si existían servidores públicos que hubieran sus atribuciones para permitir esas irregularidades. La respuesta fue afirmativa y apuntó hacia la posible entrega de departamentos y otros beneficios a funcionarios a cambio de favorecer determinados desarrollos.

El caso adquirió así una dimensión mayor que la simple existencia de edificios fuera de norma: la Fiscalía comenzó a investigar la posible operación de una red de corrupción vinculada con decisiones tomadas desde áreas gubernamentales encargadas de autorizar, supervisar o verificar construcciones. Ahí nació el “Cártel Inmobiliario de Benito Juárez” ante la opinión pública.

Cinco sentencias y 59 investigaciones abiertas

Cuatro años después, las investigaciones continúan. La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó en mayo de 2026 que la institución mantenía 59 investigaciones abiertas relacionadas con el caso: 22 habían derivado en vinculaciones a proceso y cinco habían conseguido sentencias condenatorias. En julio de este año, la FGJCDMX confirmó al Congreso capitalino que las investigaciones seguían abiertas y que continuaba realizando diligencias para esclarecer los hechos y dado el caso, ejercer nuevas acciones legales. La fiscalía también informó que actualmente se trabaja en mecanismos para lograr la reparación integral del daño de las víctimas, entre ellas personas que compraron de buena fe departamentos ubicados en niveles construidos de manera irregular.

Ahora se investigan otros 48 predios

El caso del Cártel Inmobiliario acaba de abrir un nuevo capítulo. La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México abrió el expediente OIC/BJ/D/0029/2026 para investigar posibles faltas administrativas relacionadas con construcciones y uso de suelo en 48 predios de la alcaldía Benito Juárez. Los casos provienen de la mesa de registro y atención a posibles víctimas de corrupción en desarrollos inmobiliarios y fueron remitidos a distintas dependencias capitalinas. La existencia del expediente fue comunicada al Congreso de la Ciudad de México después de que en mayo los legisladores solicitaron conocer el estado de las investigaciones administrativas relacionadas con el llamado Cártel Inmobiliario. 

Por ahora, la Contraloría mantiene en reserva la ubicación de los 48 predios y los detalles de las posibles irregularidades, por considerar que divulgar esa información podría obstaculizar las investigaciones. Esto se traduce en que aún no puede afirmarse que esos 48 inmuebles formen parte de la misma red investigada penalmente por la fiscalía. Hasta ahora lo único confirmado es que existen posibles incumplimientos en materia de construcción y uso de suelo que están siendo investigados administrativamente.

El Cártel Inmobiliario está lejos de ser cosa del pasado.

La plataforma ‘Datos Abiertos de la Ciudad de México’ mantiene una base de desarrollos inmobiliarios irregulares en la alcaldía Benito Juárez, en la cual se muestra un recuento, actualizado al 1 de septiembre de 2026, de inmuebles que cuentan con pisos adicionales a los permitidos en sus certificados de uso de suelo. La base oficial fue, muestra de que el seguimiento administrativo a este tipo de construcciones continúa.

Además, el Congreso capitalino ha solicitado a la fiscalía, la contraloría, al Instituto de Verificación Administrativa y la propia alcaldía Benito Juárez, informar sobre investigaciones y procedimientos, revisar la seguridad estructural de los inmuebles involucrados y establecer medidas para reparar los daños ocasionados a quienes adquirieron propiedades de buena fe. A cuatro años de que las investigaciones colocaran el término “Cártel Inmobiliario” en la agenda pública, el expediente permanece abierto: 59 investigaciones penales seguían vigentes en el último balance oficial y ahora otros 48 predios están bajo investigación administrativa por posibles irregularidades en construcción y uso de suelo.