INE: Posible fraude en contratos electorales podría ser mucho mayor 

El sistema de contratación de materiales electorales en México enfrenta un nuevo escándalo. Investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) revelaron que varias empresas relacionadas entre sí obtuvieron contratos millonarios durante más de una década, mediante operaciones que ahora son investigadas por posibles irregularidades.

El alcance podría ser mucho mayor de lo conocido hasta ahora. El 30 de octubre, el titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó ante la Cámara de Diputados que dos grupos empresariales, integrados por ocho compañías, acumularon operaciones por 8,870.3 millones de pesos con distintas entidades públicas entre 2014 y 2026. De esa cantidad, 3,790.3 millones correspondieron a contrataciones relacionadas con organismos electorales: 3,360 millones con institutos estatales y aproximadamente 430 millones con el INE. Aunque estas cifras muestran el tamaño de las operaciones investigadas, todavía no representan un monto de fraude comprobado.

Por separado, el contralor del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, explicó que los contratos que han concentrado la atención pública representan apenas el 4% de un universo de adquisiciones por un total de 5,341 millones de pesos. Esto significa que las revisiones deberán extenderse a otras compras del instituto, aunque no implica que el 96% restante presente irregularidades.

Empresas que competían entre sí, pero tenían vínculos comunes

Uno de los principales hallazgos apunta a un grupo de cinco empresas: Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY y Seriplast de México. De acuerdo con el OIC, estas compañías acumularon contratos por 2,461 millones de pesos con organismos electorales locales entre 2014 y 2025. Sus representantes legales, apoderados y personas relacionadas aparecían de manera cruzada en distintos procedimientos de contratación. Entre los nombres identificados destacan los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, vinculados con varias de las empresas investigadas.

El mecanismo bajo revisión consistía en presentar ofertas aparentemente independientes, aunque las compañías compartían vínculos empresariales. De esta manera, podían simular competencia, influir en los precios utilizados como referencia y favorecer la adjudicación de contratos a integrantes del mismo grupo. La ASF también encontró casos en los que una empresa ganadora subcontrataba a otra que había participado en el mismo procedimiento. Para los auditores, estas operaciones representan indicios de posibles acuerdos entre competidores y conflictos de interés que deberán esclarecerse.

El chofer de Guadalupe Taddei y sus vínculos con una proveedora

Las investigaciones también alcanzaron a personas que ocuparon cargos dentro del propio INE. Uno de los casos más llamativos es el de Jonathan Navarrete Torres, contratado el 15 de abril de 2025 como chofer adscrito a la oficina de Guadalupe Taddei Zavala, entonces presidenta del Consejo General. De acuerdo con registros del Registro Público de Comercio difundidos por Reforma, Navarrete recibió el 28 de junio de 2023 un poder general para pleitos y cobranzas de Corporativo ZEG, una de las empresas proveedoras investigadas. Sin embargo, en su declaración patrimonial de junio de 2026 no reportó esa representación empresarial. La coincidencia abrió cuestionamientos sobre un posible conflicto de interés, aunque hasta ahora no se ha acreditado públicamente que haya intervenido en la adjudicación de contratos.

Otro caso es el de Jesús Octavio García González, quien había sido representante jurídico de empresas proveedoras de materiales electorales y posteriormente fue nombrado encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, cargo que ocupó entre septiembre de 2025 y mayo de 2026. La Unidad de Inteligencia Financiera también ha investigado operaciones de proveedores electorales y se han reportado bloqueos de cuentas relacionadas con las empresas señaladas. No obstante, la información disponible no permite afirmar que todas las personas mencionadas hayan sido incluidas individualmente en esas medidas.

Una empresa declaró 76 trabajadores, pero el IMSS no encontró ninguno

Las revisiones de la ASF también detectaron inconsistencias en los registros laborales de algunas compañías. Uno de los ejemplos más graves corresponde a Comercializadora JVLY, que obtuvo un contrato por aproximadamente 63 millones de pesos para producir y distribuir materiales de simulacro y capacitación electoral. Durante la auditoría, la empresa presentó documentación que indicaba que contaba con 76 trabajadores. Sin embargo, reportes indican que la información obtenida del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no mostraba empleados registrados. Los auditores también identificaron transferencias de recursos a otras compañías, algunas de las cuales no pudieron ser localizadas, así como operaciones cuya justificación permanece bajo revisión.

JVLY participó además, junto con Ideeo Labs, en contrataciones relacionadas con el sistema de voto por internet de mexicanos residentes en el extranjero. En ese procedimiento también se detectaron inconsistencias fiscales y de seguridad social, aunque se trata de una contratación distinta de la observada por la ASF por materiales de capacitación. Las autoridades deberán determinar si estas irregularidades constituyen incumplimientos administrativos, operaciones simuladas o posibles delitos.

Las irregularidades también alcanzan a los institutos estatales

El esquema investigado no se limita al INE. Los contratos de organismos electorales estatales muestran que varias de las empresas señaladas participaron en licitaciones en distintas entidades del país. En Sonora, por ejemplo, el Instituto Estatal Electoral adjudicó en 2021 un contrato de más de 40 millones de pesos a Cajas Graf, cuando Guadalupe Taddei presidía ese organismo. En el procedimiento participaron Cajas Graf y Formas Finas y Materiales, compañías que posteriormente fueron identificadas como parte del mismo grupo empresarial bajo investigación.

Otros registros muestran adjudicaciones a firmas relacionadas en Jalisco, Nuevo León, Veracruz y diversas entidades. La presencia de empresas vinculadas en un mismo concurso constituye uno de los elementos que las autoridades examinan para determinar si existió competencia simulada. Es importante señalar que los contratos dieron inicio antes de que Taddei asumiera la presidencia del INE en 2023 y que continuaron durante distintas administraciones, lo que apunta a un problema que podría haberse desarrollado durante varios años.