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Seguridad
Reynaldo Pérez Pérez dedicó su vida a acompañar a familias desplazadas por grupos armados; pese a contar con medidas de protección, fue asesinado en Chenalhó, donde su familia ahora exige justicia y seguridad.
Imagen: E-consulta CDMX
Rodeados de flores y del miedo que aún persiste en su comunidad, familiares y amigos dieron el último adiós a Reynaldo Pérez Pérez, defensor indígena tsotsil asesinado el 28 de octubre en Chenalhó, Chiapas. Sus restos fueron sepultados el viernes 30 de octubre en el patio de su vivienda, en la comunidad de Yabteclum, donde sus seres queridos reclamaron justicia por un crimen que ha dejado a la población con temor de transitar por sus propios caminos.
Reynaldo, de 38 años, dedicó parte de su vida a defender a familias indígenas obligadas a abandonar sus hogares por la violencia. Acompañaba a comunidades desplazadas de Santa Martha, Chenalhó y Pantelhó, denunciaba amenazas de grupos armados y exigía condiciones seguras para que las personas pudieran regresar a sus tierras. Su labor era proteger a quienes habían perdido la tranquilidad; sin embargo, él mismo terminó siendo víctima de esa violencia.
El activista estaba incorporado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Contaba con un botón de pánico, teléfono satelital y una cerca de seguridad alrededor de su vivienda. Sin embargo, ninguna de estas medidas impidió que fuera asesinado a balazos después de acudir a un taller mecánico de la comunidad. La misma cerca instalada para proteger su vida terminó rodeando el lugar donde fue sepultado.
Durante el funeral, su hermana Celia Pérez exigió que se investigue el asesinato y se identifique a los responsables. La familia también pidió a las autoridades que garantizaran la seguridad de Chenalhó, donde asegura que las amenazas continúan. Según los reportes del sepelio, ninguna representación gubernamental acudió a la despedida, mientras los allegados del defensor denunciaron que el miedo sigue presente en la comunidad. Reynaldo luchó para que decenas de familias pudieran regresar a sus hogares. Hoy, la suya exige algo que también debería estar garantizado: vivir sin miedo y obtener justicia.
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