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Familia de militar estadounidense acusa a Maru Campos ante la FGR
Los familiares de Richard Halliday aseguran que la gobernadora conocía operaciones de agentes estadounidenses en Chihuahua y cuestionan la investigación sobre la desaparición del soldado. La Fiscalía estatal rechaza los señalamientos y presenta una cronología que contradice aspectos centrales de la denuncia.
La familia de Richard Halliday, un soldado estadounidense desaparecido en 2020, presentó señalamientos ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, a quien acusa de haber ocultado información sobre presuntas operaciones de agencias estadounidenses en territorio mexicano y de irregularidades relacionadas con la investigación del caso. La denuncia, difundida el 21 de octubre de 2026 por Animal Político, se sustenta en un correo electrónico enviado el 27 de mayo por Robert Halliday, padre del militar y teniente coronel retirado del ejército de Estados Unidos.
El documento habría sido incorporado a un expediente federal relacionado con las investigaciones sobre la participación de agentes extranjeros en Chihuahua. Los familiares de Halliday sostienen que cuentan con documentación que demuestra que la gobernadora sabía de actividades de inteligencia estadounidenses llevadas a cabo en el estado de Chihuahua antes de que se hicieran públicas y cuestionan la actuación de autoridades locales en la investigación alrededor de la desaparición y presunta muerte del soldado. Por lo pronto, las acusaciones permanecen sin confirmación oficial por parte de la FGR.
Versiones encontradas
Richard Halliday, de 21 años, estaba adscrito a la base militar de Fort Bliss, en El Paso, Texas, cuando desapareció el 23 de julio de 2020. El 2 de octubre de ese año, su padre acudió al Ministerio Público en Ciudad Juárez para denunciar su ausencia, ante la sospecha de que pudiera encontrarse en territorio mexicano. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, la investigación quedó registrada bajo el expediente 37-2020-0031343. Lo que resulta extraño es que fue cerrada el 11 de abril de 2023, sin que se explicara la causa del fallecimiento a la familia del soldado ni se confirmara la recuperación de sus restos. La dependencia explicó que el ejército de Estados Unidos notificó a la familia el 24 de abril de 2024, que Halliday había pasado de la condición de desaparecido a fallecido, estableciendo como fecha de muerte el 23 de julio de 2020.
La versión difundida por los familiares de Halliday apunta a un presunto asesinato relacionado con actividades criminales y operaciones estadounidenses en territorio mexicano. La fiscalía de Chihuahua sostiene que sus registros no respaldan esa interpretación.
El 21 de octubre, el organismo emitió, además, un posicionamiento donde rechaza que Halliday hubiera participado en el operativo de El Pinal, realizado en abril de 2026 en la Sierra Tarahumara, donde se investigó la participación de agentes estadounidenses. La dependencia también aseguró que ninguno de los documentos de su expediente ubica al militar en Chihuahua durante 2025 ni establece una relación con los acontecimientos de abril de 2026. Algo hasta cierto punto obvio, tomando en cuenta que su carpeta de investigación había sido cerrada en 2023 y dado por muerto por el ejército estadounidense desde entonces.
La fiscalía chihuahuense también estableció que sus registros no acreditan que Halliday perteneciera a una agencia de inteligencia estadounidense y sostuvo que la existencia de antecedentes sobre un militar estadounidense en sus archivos, no demuestra, por sí misma, una relación operativa con los hechos investigados años después. Con ello, la autoridad estatal rechazó uno de los vínculos planteados en la información difundida sobre el caso, aunque aclaró que cualquier denuncia presentada ante la FGR corresponde exclusivamente a esa institución.
La FGR deberá determinar si existen elementos para investigar
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El pasado 22 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre estos señalamientos contra la gobernadora de Chihuahua. La mandataria respondió que corresponde a la Fiscalía General de la República evaluarlos. Así mismo, descartó que la denuncia modificara automáticamente el proceso que enfrenta el ex fiscal de Chihuahua César Jáuregui Moreno, investigado en una causa distinta relacionada con la presunta participación irregular de agentes extranjeros. Al día siguiente por la noche, Maru Campos sostenía una entrevista con Latinus en la que afirmaba que la reunión que había sostenido con la presidenta el 19 de septiembre en el aeropuerto de Ciudad Juárez, había sido por demás tensa y en la que había reclamado a la presidenta por llamarla traidora de la patria. Campos también aprovechó para manifestar que el responsable de todo era el ex fiscal, César Jauregui.
Así, hasta el momento, el caso Halliday presenta dos versiones enfrentadas: la de una familia que sostiene que existen pruebas de operaciones encubiertas y posibles irregularidades oficiales, y la de una fiscalía estatal que rechaza esa interpretación con base en su expediente y en documentos estadounidenses. Queda por ver si la FGR encuentra elementos independientes que permitan corroborar las acusaciones contra la gobernadora de Chihuahua, esclarecer las circunstancias de la muerte de Halliday, sobre todo en cuánto a lo que este se encontraba haciendo en México, y determinar si existe alguna responsabilidad de funcionarios mexicanos.