Reabren investigación por presunta violación grupal de una estudiante de Cornell

La fiscalía del condado de Tompkins, Nueva York, reabrió la investigación criminal por la violación grupal de una estudiante de la Universidad de Cornell, ocurrida en octubre de 2024, después de que la joven presentara una demanda civil contra la universidad, una fraternidad y siete de sus entonces integrantes. La mujer, identificada en los documentos judiciales como “Jane Doe”, para proteger su identidad, tenía 20 años cuando ocurrieron los hechos. En la demanda sostiene que fue drogada y agredida sexualmente durante varias horas dentro de la casa de la fraternidad Chi Phi, en el campus de Cornell.

De acuerdo con la denuncia civil, la joven acudió a una fiesta en la fraternidad la noche del 19 de octubre de 2024. La mujer afirma que ya había consumido alcohol y que posteriormente dos integrantes de Chi Phi la presionaron para consumir una sustancia que le dijeron que era ketamina. Los horrores comenzaron alrededor de la 1:42 de la madrugada. Uno de los integrantes envió un mensaje a un grupo de Snapchat de miembros de la fraternidad en el que hacía referencia a la presencia de una mujer en el piso superior. Posteriormente, otros más acudieron al lugar para sumarse y las agresiones sexuales continuaron hasta aproximadamente las 5:45 de la mañana.

La joven acudió tres semanas después a la policía de Cornell para reportar lo ocurrido. Sin embargo, en 2024 las autoridades no presentaron cargos penales contra los estudiantes. Las acusaciones no han sido probadas en un juicio y ninguno de ellos había sido detenido por estos hechos. Los siete integrantes señalados en la demanda son Matthew Ingalls, Jonathan Newell, Winston Lee, Gillio Lopes, Diego Sarabia, Scott Norris y Scott Kretzschmar. 

Ahora, el fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, anunció que la investigación será retomada y que la fiscalía prepara el caso para presentarlo ante un gran jurado que deberá determinar si existen elementos suficientes para formular cargos. Ya se asignó a un fiscal con experiencia en delitos sexuales para revisar nuevamente el expediente. La decisión ocurre después de la demanda civil presentada este mes por la joven, en la que acusa a Cornell de negligencia y de no haberla protegido ni respondido adecuadamente ante la agresión denunciada.

Versiones encontradas

El fiscal Van Houten ha defendido la decisión de no presentar cargos en 2024 y sostiene que el relato que la joven proporcionó entonces a la policía universitaria difiere de las acusaciones contenidas en la demanda civil. Según el fiscal, en su declaración de noviembre de 2024 la mujer describió el consumo de drogas y la actividad sexual como voluntarios y consensuados, por lo que su oficina no encontró elementos suficientes para iniciar un proceso penal. Van Houten también señaló que bajo la legislación de Nueva York, el consumo voluntario de alcohol o drogas que afecte el juicio de una persona no necesariamente equivale por sí mismo a una incapacidad legal para decir que sí. 

El abogado de la joven, Thomas Giuffra, rechaza esa versión y sostiene que su clienta sí acudió a la policía para denunciar una agresión y que posteriormente no fue entrevistada por investigadores especializados en delitos sexuales. El abogado cuestionó que la fiscalía no hubiera realizado una investigación más amplia en ese momento.

¿Qué hizo Cornell?

Cornell informó que realizó una investigación interna bajo el procedimiento de Title IX, independiente del proceso penal. La universidad señaló que el procedimiento duró varios meses y que posteriormente se realizó una audiencia en la que participaron un panel de profesores y personal capacitado.

La institución afirmó que se impusieron sanciones que incluyeron expulsiones y suspensiones, aunque no puede revelar las medidas individuales adoptadas contra los estudiantes debido a las leyes de privacidad. La universidad también confirmó que la sección de Chi Phi involucrada en el caso permanece fuera del campus. Cornell aseguró además que respalda la decisión de reabrir la investigación criminal y que colaborará con el proceso.

Por ahora, no existen cargos penales contra los siete estudiantes. La fiscalía deberá revisar nuevamente la evidencia y presentar el caso ante un gran jurado, por lo que será ese proceso el que determine si existen elementos para avanzar hacia posibles acusaciones formales.